Al mismo tiempo, recuerda, "podían ser sometidos por medio de una disparidad de criterios a los tribunales, es decir, estaban en el Código Penal las causas en las que el aborto era considerado un delito con su correspondiente pena. Esta ley fue recurrida por el padre del actual ministro Gallardón, ante el Tribunal Constitucional, quien dictaminó que era una ley que se ajustaba perfectamente a la Constitución Española. El PSOE, viendo la problemática y las evoluciones que habían realizado en Europa hizo una ley de plazos, que es la del año 2010. Esta ley viene a decir que una persona es libre de continuar o no con el embarazo en las primeras 14 semanas. Esta ley es la que tienen adoptada mayoritariamente todos los países".
Hasta el 75% de la ciudadanía, independientemente del color político, está de acuerdo con la ley del aborto, sin embargo, "el 65% de los votantes populares y de los católicos están en contra de esta modificación que quiere hacer el ministro Gallardón". Dolores Pereira añadió que "es importante remarcar que el aborto es voluntario y a ninguna mujer se la debe obligar a abortar, al igual que se respeta la decisión de las mujeres en cuanto a su maternidad, si quieren ser madres. Abortar no es un plato de buen gusto. Se nos quiere hacer creer que es como otra intervención menor. Evidentemente es un drama personal. Pero hay que recurrir a él cuando se decide que no se quiere continuar con el embarazo".
A su juicio, "es una falta de respeto hacia la libertad de la mujer. Si el PP decide hacer estos cambios en la ley actual, respaldada por la mayoría de la sociedad, tendrá que recurrir a todos los medios legales que haya para impedir que esto ocurra. Espero que ninguna mujer tenga que volver a pasar por el terrible drama que es abortar en condiciones no sanitarias. Es una triste desgracia que las mujeres que no tengan medios tengan que recurrir a prácticas que no sean capaces de sacar adelante esta intervención con la inseguridad que supone para la vida de las mujeres".
Soledad Murillo expresó su disconformidad y trasladó el problema a la situación que se vive en Castilla y León: "Como han visto no hay razones estadísticas para llevar a cabo esta reforma. Es una decisión no deseada y tremendamente ingrata. No hay médicos que practiquen el aborto en esta comunidad autónoma. Con lo cual las mujeres tienen que irse fuera con una ley de 2010 (una ley que faculta recurrir a los servicios públicos para el aborto). Pero es evidente que encima ahora con la ultraderecha (y denomino ultraderecha a la protección del embrión frente a la decisión de la madre) como en todos los países fundamentalistas, está ocurriendo algo muy grave. Si concedemos que el embrión tiene naturaleza jurídica, el agravante de parentesco en caso del aborto puede ser una sentencia por lo penal tremendamente grave para las mujeres".
Y añadió que "el señor Mayor Oreja ha sugerido que se elimine el artículo 2 del Consejo de Europa, un artículo que prohíbe financiar armas para no ayudar economicamente a ningún programa de salud reproductiva. La consideración de las mujeres como úteros y no como ciudadanas es absolutamente propio de la derecha más ultraconservadora. Por ejemplo en nuestro ayuntamiento se financia la RedMadre en una cantidad equivalente a 10.000 euros. No llega a 10.000 euros toda la financiación que tienen las asociaciones de salud de Salamanca. Si ven los contenidos de RedMadre podrán observar que las mujeres son consideradas como úteros. Tampoco hay ninguna política de anticonceptivos en esta comunidad autónoma".
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