El Ministerio no cobrará las nuevas tasas judiciales con efecto retroactivo

El Ministerio no cobrará las nuevas tasas judiciales con efecto retroactivo
El Ministerio de Justicia asegura que no cobrará con efecto retroactivo las nuevas tasas judiciales después de que ayer no pudiera llevarse a efecto la aplicación de la ley pese a su entrada en vigor. Y es que el Gobierno no ha dispuesto todavía en los Juzgados los formularios necesarios para poder cobrar las tarifas, de ahí que muchos ciudadanos hayan adelantado esta semana la presentación de recursos para evitar que abono de las nuevas tarifas, lo que ha acumulado el trabajo en los Juzgados salmantinos.

El Consejo General de la Abogacía Española, tras analizar la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha detectado la falta de publicación del modelo de autoliquidación de la tasa judicial. De esta forma, la ausencia de formularios retrasa la aplicación de la nueva ley, que entra envigor este jueves tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Abogados, jueces y fiscales van a estudiar cómo hacer que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra la nueva Ley de Tasas Judiciales. Esta posición conjunta frente a las tasas judiciales fue tratada este miércoles en un encuentro que mantuvieron el presidente del Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales. De hecho, los jueces protagonizarán este viernes concentraciones ante el Ministerio de Justicia y las sedes judiciales.

Con estas tasas van a darse situaciones como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros. Otros ejemplos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.
 
De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad. Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
 
Comentarios
Lo más