La situación urbanística de El Corte Inglés, en vías de solución

La situación urbanística de El Corte Inglés, en vías de solución

La tarde del pasado viernes sirvió a los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca para reunirse en búsqueda de soluciones para el problema urbanístico de El Corte Inglés. PSOE, Ciudadanos y Ganemos conversaron sobre la propuesta del alcalde de pedir a la Junta de Castilla y León una moratoria de dos años para solucionar el problemas. 

Este martes se ha celebrado una Comisión de Fomento extraordinaria donde se abordó el asunto. La propuesta salió adelante con los votos del PP a favor y sólo Ganemos en contra, pues PSOE y Ciudadanos se abstuvieron para no perjudicar a los trabajadores del centro comercial con un posible cierre.

La solicitud por parte del Consistorio a la Junta de Castilla y León está prevista en el artículo 56 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y es una propuesta incluida en el informe del Secretario General presentado en la Junta de Portavoces celebrada la pasada semana. La Junta, a petición del Ayuntamiento, puede establecer unas normas transitorias de aplicación para todos los espacios públicos y los edificios e instalaciones construidos. De este modo, ni el centro comercial, ni los espacios públicos y equipamientos construidos fruto de las compensaciones de El Corte Inglés a la ciudad de Salamanca tendrían problemas de uso.

No obstante, la oposición reclama compensaciones por las irregularidades que ha sentenciado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así, cuentan con un informe técnico del arquitecto en el que se cuantifica en cerca de 21.000 metros cuadrados el suelo utilizado por el centro comercial y por el que la oposición pide compensaciones en el caso de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Esto se trataría de la devolución de suelos que tuvieran la misma calificación urbanística, algo que, por ejemplo, el antiguo campo del Ispe, ahora Nemesio Martín Montejo, no cumple.

El PSOE pide responsabilidades y compensaciones

Además, la oposición solicita al alcalde que depure responsabilidades políticas entre los suyos. “Últimamente, el señor Mañueco nos tiene acostumbrados a intentar ejercer una presión sobre los demás con sus declaraciones públicas, cuando no ha sabido ejercer adecuadamente su función de alcalde. Es cierto, él no era alcalde en 2003, cuando se firmó el convenio urbanístico a tres entre Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y El Corte Inglés; pero no es menos cierto que era el PP quien gobernaba, ha gobernado y sigue gobernando el Ayuntamiento de la ciudad”, afirma el portavoz del PSOE, José Luis Mateos.

Y añade que “la gestión urbanística del PP en la ciudad ha sido caótica y ha dado lugar a desmanes urbanísticos sobre los que los tribunales han declarado su ilegalidad, a los que se pueden sumar los casos del Teatro Bretón, las casas de la Muralla, las transferencias de aprovechamiento urbanístico, el parking de Los Bandos o el puente Príncipe de Asturias. Todos estos casos han sumado costes y costas para las arcas municipales, pagadas con el bolsillo de los ciudadanos salmantinos, por una nefasta gestión urbanística que lleva la marca PP”.

Postura de Ciudadanos y Ganemos

Por su parte, Ciudadanos, que se abstuvo en la Comisión de este martes, considera que “la moratoria es un apaño que no va a dar resultado”. Alejandro González, en comparecencia junto a Gabriel Risco, de Ganemos, ha anunciado que han solicitado un informe técnico al arquitecto que firmó el último Plan General de Ordenación Urbanística en el que se propone una solución consensuada también con el PSOE que aboga por recalificar los terrenos de Las Adoratrices, que pasarían a titularidad pública, para compensar el exceso de metros edificables otorgados a El Corte Inglés.

Gabriel Risco, además, ha recalcado la necesidad de “compensar el gran desequilibro provocado por el Partido Popular en detrimento de la ciudad y a favor de una empresa mercantil”. El concejal ha cifrado la deuda en metros cuadrados que habría contraído el centro comercial en 21.650, que se verían compensados con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística que ha propuesto la oposición en bloque. “Es una cuestión de ética política, hay que reequilibrar los intereses públicos y privados”.

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