El paquete de reformas aprobado por el Consejo de Ministros este viernes contempla modernizar y racionalizar la Administración Pública mediante la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El anteproyecto se remitirá en julio a las Cortes Generales, una iniciativa muy polémica porque plantea la fusión de municipios y la eliminación de mancomunidades, dotando a las diputaciones de más competencias. Así, comunidades como Castilla y León se oponen a esta reestructuración.
La Ley persigue cuatro objetivos principales: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Para ello, la norma incide en la estructura de la Administración Local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo.
Paralelamente al proceso de clarificación de competencias de la Administración Local, se iniciará un proceso similar con las competencias autonómicas, a través de la revisión de las actividades financiadas mediante convenio.
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