El Gobierno aplaza sin fecha la privatización del Registro Civil. Después de mantenerse invariable durante meses de protestas sindicales, el ministro de Justicia ha anunciado este viernes que la reforma de este servicio judicial no entrará en vigor el próximo 15 de junio, como estaba previsto.
A comienzos de abril los trabajadores del Registro Civil llevaron a cabo una concentración en registros de toda España en contra de la privatización de este organismo, y días después una gran manifestación en Madrid. Y es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Resolución del Ministerio por la que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por cuatro millones de euros. "Esta medida supone un primer adelanto económico al colectivo de registradores por la gestión de este servicio público", denunciaba entonces la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F).
La semana pasada, desde el propio ministerio se les adelantó que el Gobierno está dispuesto a ?negociar todo, incluido el modelo de Registro Civil sin sujeción a plazo alguno? y por tanto a revisar el proyecto de privatización. El propio Ministro de Justicia reconoció a CSI-F en una reunión bilateral que aún no había una decisión definitiva y manifestó su interés por nuestra alternativa sobre la base de un Registro Civil público gestionado porfuncionarios de Justicia. "Esta decisión de frenar la privatización es coherente por tanto con la oferta de diálogo que viene ofreciendo el Ministro de Justicia en las últimas fechas tanto a sindicatos como a partidos políticos para acordar un modelo de Registro Civil", añade CSI-F.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia que "el nulo consenso generado en torno a la privatización ha hecho decidir al ministro la paralización de una medida fuertemente contestada desde STAJ desde hace más de un año, y por los funcionarios de justicia y muchas otras organizaciones y colectivos sociales e incluso por los propios registradores de la propiedad".
Y añade: "Una noticia de la que sin duda debemos felicitarnos, aunque es preciso continuar luchando por la derogacion de la estructura organizativa establecida en la ley del registro civil de 2011, de forma que el Registro civil permanezca dentro de la Administración de Justicia y servido enteramente por funcionarios de Justicia, sin pérdida de puestos de trabajo, tal como STAJ ha propuesto a los grupos parlamentarios. Se ha ganado una batalla pero la guerra por el mantenimiento del Registro Civil dentro de Justicia no ha terminado".
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