Como cada año, la Alianza UPA-COAG ha hecho balance de lo sucedido en los 12 últimos meses en los que el sector profesional agrario de Castilla y León ?ha sufrido en primera persona las consecuencias de dos asuntos sumamente relevantes como han sido por un lado la nueva reforma de la PAC, y por otro lado la pérdida de renta real de los agricultores y ganaderos motivada por los bajos precios generalizados percibidos por sus productos?.
PAC 2015-2020
La aplicación por primer año de la nueva PAC 2015/2020 ha puesto en evidencia no solo lo tremendamente farragosa, compleja y confusa que ha sido para los agricultores y ganaderos, sino también lo poco que tuvo en cuenta el Gobierno español la propuesta en forma de documento que en común había presentado Castilla y León en defensa del `agricultor activo´.
La nueva PAC por entregas ha demostrado ser muy insuficiente en aspectos que se derivan del concepto de `Agricultor en activo´, dado que sin tener un alto porcentaje de ingresos de venta de productos agrarios muchos perceptores han sido tratados como agricultores activos desaprovechando un momento histórico para haber acabado con gran parte de especuladores y perceptores de las ayudas PAC.
Así pues, nos hemos encontrado en este año 2015 con una PAC muy compleja desde el punto de vista técnico, con muchos cambios de normativas, nuevo sistema para calcular los fondos y con bastante menos presupuesto. Además, con más retraso a la hora de saber realmente lo que había derecho a cobrar, toda vez que el Ministerio de Agricultura no fijó la cuantía provisional de los derechos de pago base hasta casi finalizado el año.
Además la Alianza UPA-COAG denuncia que esta nueva PAC sigue aún hoy generando numerosos problemas para los productores como por ejemplo el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), que supone un recorte de ayudas a un buen número de ganaderos dejándoles en muchos casos sin futuro por la reducción de hectáreas admisibles en una PAC como la actual basada en compromisos medioambientales. La normativa europea, con el consentimiento del Gobierno español, castiga prácticas ganaderas habituales de nuestro país y más concretamente de amplias zonas de nuestra región en lo que respecta al aprovechamiento de los pastos en zonas con pendiente y arbolado.
En definitiva el Magrama no ha sabido o no ha podido defender el monte mediterráneo como hecho diferencial con los bosques del norte de Europa.
Precios y ley de cadena alimentaria
El otro gran problema que ha afectado al sector agrario profesional durante el 2015 nuevamente ha sido el de los precios tan bajos percibidos por agricultores y ganaderos por sus productos, y que ha vuelto a incidir en la bajada real de su renta y que se acumula a la sufrida en los últimos años.
En el año 2015 se han multiplicado denuncias relacionadas con el incremento del abusivo diferencial de precios entre origen y destino, unido a la especulación con los productos agrarios por parte de los intermediarios y almacenistas, las prácticas de ventas a pérdidas y los abusos de la industria, el uso de productos `reclamo´ en los lineales o la falta de equilibrio en la cadena de valor debido al abuso de poder de la distribución en las negociaciones comerciales con los agricultores y ganaderos.
Paralelamente a estos hechos los altos costes de producción (energía eléctrica, gasóleo, fertilizantes o fitosanitarios) han afectado seriamente a las rentas del sector debido al elevado coste de estos `inputs´, mientras que los precios de las producciones en algunos casos se han mantenido y en otros casos se han hundido por lo que el balance de resultados desde el punto de vista de la rentabilidad ha sido negativo.
PDR 2014-2020
Además en el 2015 se ha aprobado ?por fin? el PDR 2014-2020 pero lo ha hecho con importantes deficiencias. En primer lugar por el hecho de que la cofinanciación de estas medidas por parte del Ministerio de Agricultura se han visto drásticamente reducidas, pasando de una cofinanciación de 50 % Bruselas y 50% Estado Miembro (50% Ministerio ? 50% Comunidad Autónoma), a 53 % Bruselas y 47% Estado Miembro (30% Ministerio ? 70% Comunidad Autónoma), aunque en la práctica tal y como recogen los presupuestos el Magrama se hará cargo de una cofinanciación del 17% y la Junta de Castilla y León de un 83% en vez del 50/50 % del periodo 2007-13. Otro gran problema del nuevo PDR 2014-2020 es el hecho de que la priorización de la figura del Agricultor a Título Principal ha desaparecido, perjudicando con ello a los verdaderos profesionales agrarios y al modelo social agrario que defiende la Alianza UPA-COAG.
Crisis del sector lácteo
Desde el punto de vista de los sectores productivos, a juicio de la Alianza, el año ha estado marcado por la crisis sufrida por el vacuno de leche y el absoluto descontrol que ha sufrido a lo largo de todo el año este sector clave en la economía del medio rural.
La ausencia de un observatorio de precios, una adecuada normativa sobre leche tipo, un registro de contratos, la figura del mediador, la defensa de la cadena alimentaria o una junta de arbitraje han sido algunas de las causas por las que los ganaderos siguen sin percibir un precio digno provocando situaciones límites en muchas explotaciones ganaderas de Castilla y León.
La Alianza UPA-COAG así se lo ha trasladado a las distintas administraciones. Y hemos sido la única organización agraria que hemos presentado unas propuestas de presente y futuro, que a nivel nacional no quisieron recogerse en el acuerdo lácteo firmado por otras organizaciones agrarias junto a las cooperativas, industria y distribución. En este sentido, nuestra organización denuncia que el acuerdo del Ministerio del pasado mes de septiembre ha sido un verdadero fiasco, puesto que aparte de hacer públicas unas ayudas muy insuficientes y que han llegado a un número muy bajo de productores, el acuerdo se ha quedado en una declaración de intenciones y no en un documento de compromisos, ya que no establece sanciones para aquellas partes que no cumplan lo comprometido. Una prueba evidente de que ese pacto lácteo no ha servido para nada es que apenas un mes después de la firma en Madrid algunos de los que estamparon su firma ya incumplían lo pactado utilizando la leche como producto reclamo, bajando los precios a los ganaderos y, por supuesto, faltando al objetivo de lograr precios sostenibles y remuneradores para los productores.
Este acuerdo inútil ha servido para que nuestra organización haya trabajado aún con más ahínco en la defensa del sector lácteo regional. Hemos seguido realizando propuestas para buscar acuerdos con la Administración regional y central, además de Industrias y Distribución, pero siempre reclamando actuaciones útiles y eficaces para los ganaderos de Castilla y León. Por eso nuestra firma junto al del resto de agentes del sector en la Plataforma Para la Competitividad del Sector Lácteo Regional del pasado mes de noviembre porque recoge medidas estructurales y es una estrategia de trabajo para los próximos cuatro años con el fin de buscar herramientas eficaces para que los ganaderos perciban precios justos.
El veto ruso y el porcino
Además el sector agroalimentario durante este año ha seguido marcado con las consecuencias tan graves que se están arrastrando desde 2014 cuando Rusia impuso una prohibición a la importación de productos agroalimentarios procedentes de Europa, veto que se ha prorrogado hasta agosto de 2016. Esta situación está provocando que las producciones de los países europeos, que tradicionalmente se exportaban a este país, tengan que buscar mercados alternativos e inunden el mercado europeo, provocando un exceso de producción que trae consigo una bajada de precios y perjuicios notables entre los productores europeos. En este sentido, el sector porcino de Castilla y León está siendo muy perjudicado.
Daños fauna salvaje
Por otro lado en el año 2015 se han incrementado sustancialmente el número de ataques de lobos en la región, y según nuestros datos las incidencias de este tipo han crecido de media un 15 % en el conjunto de Castilla y León respecto al año pasado. En este sentido, hemos exigido a la Administración regional pagos ágiles por ataques de lobos, cumplir los cupos, control poblacional y una mesa de seguimiento. Además hemos denunciado la gran cantidad de ataques de buitres a la ganadería extensiva en determinadas provincias además de otros daños (ciervos, jabalís, corzos, avutarda, oso, abejaruco?etc) al sector agrícola y ganadero.
Plan Hidrológico 2015-2021
Durante este año 2015 desde la Alianza UPA-COAG hemos presentado alegaciones al Plan Hidrológico 2015-2021 junto a los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Agrónomos para fomentar el desarrollo del medio rural. En este sentido nos hemos posicionado radicalmente en contra de que la CHD prohíba la autorización de sondeos de un volumen inferior a 7.000 m3 puesto que impide la incorporación de jóvenes al sector y bloquea la implantación de pequeñas industrias agroalimentarias. Además nos hemos posicionado radicalmente en contra de la obligatoriedad de que se creen comunidades de usuarios para explotaciones de masas subterráneas.
Relevo al frente de la consejería de Agricultura y Ganadería
El pasado mes de julio se conformó el nuevo gobierno de la comunidad autónoma que supuso el relevo al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Silvia Clemente por Milagros Marcos.
El nuevo equipo directivo de la Consejería tiene ante sí como principal reto el de desarrollar los reglamentos de aplicación de la Ley Agraria, que ayude a corregir las deficiencias estructurales de las explotaciones en nuestra CC.AA., posibilite el rejuvenecimiento del sector, la incorporación de técnicas productivas más eficientes económicamente y más sostenibles medioambientalmente, y que ponga en manos de los productores instrumentos verdaderamente útiles para un reparto más justo de los márgenes de la cadena agroalimentaria.
Elecciones 20 de diciembre
Finalmente y a poco menos de una semana para que se celebren en España las elecciones generales, la Alianza UPA-COAG reclama a los partidos políticos que sean valientes y que a partir del 21 de diciembre actúen para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria, para impulsar el relevo generacional y para poner en marcha políticas de apoyo, prioridad y preferencia por las explotaciones familiares, por los verdaderos profesionales del sector agrario y por el modelo social agrario.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG pide a quien gobierne al país en los próximos cuatro años que impulse la mejora de servicios sociales, transportes, comunicaciones y equipamientos, así como la oferta educativa, cultural y asistencial en el medio rural; impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información y fomentar la formación. Estas medidas deben tener especial incidencia en áreas con grave despoblamiento y en zonas de montaña, aminorando las grandes diferencias que aún existen hoy en día entre el medio urbano y el rural.
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