Con los vecinos de Brincones protestando en el exterior del salón, el pleno de la Diputación de Salamanca transcurrió de forma más rápida de lo normal al aprobarse casi sin debate los doce puntos del orden del día (siete de ellos por unanimidad). Antes de su inició se guardó un minuto de silencia en memoria de Adolfo Suárez.
Al finalizar el orden previsto, y a propuesta del PSOE, se solicitó la inclusión en el pleno de una moción relativa al fondo de pago a proveedores de los Ayuntamientos de Salamanca que a partir de mayo supondrá un gran desembolso al finalizar el periodo de carencia de dos años pactado para hacer frente al préstamo.
Los socialistas reclamaron la adhesión del PP a su proposición de solicitar medidas que ofrezcan mayores facilidades para que las entidades locales puedan afrontar el préstamo del Gobierno concedido a tal efecto. Considera el Partido Socialista que “ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamos para algunas entidades locales, se propone una solución razonable y acorde con las circunstancian de cada Entidad Local”.
El vicepresidente primero de la institución provincial, Carlos García Sierra, explicó que el equipo de Gobierno no apoyaría la moción socialista por cuanto que en su planteamiento señala que las exigencias del Ministerio de Hacienda cuestionan la autonomía municipal, un extremo en el que no están de acuerdo. Además, recordó que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se han manifestado en términos parecidos a los que reclama el PSOE de Salamanca solicitando la posibilidad de ampliar el plazo de amortización y bajar el tipo de interés. “No votamos a favor pero sí estamos de acuerdo en parte con su planteamiento”, matizó García Sierra y tendió la mano al PSOE para presentar en el próximo pleno provincial una moción conjunta “que quizá sea redundante” para solicitar al Ministerio de Hacienda que acepte la propuesta de la FEMP. Al entender los socialistas que este era un buena pacto, finalmente la moción fue retirada a la espera del consenso en el pleno del mes de abril.
El único punto del orden del día en el que hubo cierto debate fue en el undécimo, referido a la reposición de los delegados sindicales de la Unión Sindical Obrera. El vicepresidente segundo de la institución, Francisco Albarrán, justificó la oposición del equipo de Gobierno a esa propuesta asegurando que roza la ilegalidad. Por tal motivo fue rechazada con los 16 votos del PP frente a los 9 del PSOE.
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