Los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) y la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC) han denunciado ante la Unión Europea la decisión del Gobierno español de no aplicar a su sector la exención de IVA que la ley establece para las actividades educativas.
Acordada por la Dirección de Tributos de Hacienda el pasado 28 de noviembre, esta decisión implica que a los servicios de comedor escolar, aulas matinales, campamentos urbanos, colonias y actividades extraescolares que prestan estas empresas se les aplicará un IVA del 10 y el 21%, según los casos. Pero los denunciantes recuerdan que la ley de IVA de 1992 y una disposición comunitaria recogen que las actividades educativas deben estar exentas de este impuesto, con lo que estas organizaciones han denunciado a Hacienda en Bruselas.
En consecuencia, los servicios prestados a niños mayores de 6 años deberían tributar al 21% y los que se ofrecen a menores de 6, al 10%, aunque incluso algunas actividades, como los campamentos urbanos, pagarían un IVA del 21% con independencia de la edad. A su juicio, la medida supondrá un gran encarecimiento de todos estos servicios (40 o 60 céntimos por menú), de lo que se derivará o una merma de la calidad o su simple desaparición.
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