La Fiscalía Provincial de Salamanca no ejercitará acción penal sobre las fiestas de contenido sexual al entender que no constituyen infracción penal. El Ayuntamiento de Salamanca remitió a la Fiscalía, al igual que a la Junta de Castilla y León y al Instituto de la Mujer, las diligencias policiales tras la investigación iniciada por la Policía Local a la vista de las imágenes difundidas a través de las redes sociales la última semana del pasado mes de junio.

Examinada la documentación remitida y el CD de vídeo aportado junto al escrito, la Fiscalía, según ha comunicado por escrito al Ayuntamiento, ha decidido su archivo, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que los hechos pudieran acarrear. En este sentido, el Ayuntamiento también remitió las diligencias policiales a la Junta de Castilla y León, por si las actuaciones son constitutivas de sanción de la Ley de Espectáculos Públicos, al Instituto de la Mujer y, de forma interna, al servicio de Policía Administrativa municipal que estudiará si se han incumplido las condiciones de licencia del negocio. La Policía municipal, además, ha vigilado para que no se repitieran este tipo de imágenes.

Este viernes se ha aprobado en el pleno la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. Cumpliendo el compromiso adquirido, se prohíbe expresamente tanto la organización como la promoción de estas actuaciones. Estas fiestas serán tipificadas como infracción muy grave, que establece una multa por un importe máximo de 3.000 euros y/o la clausura del local, establecimiento, actividad o instalación durante un periodo máximo de seis meses. 

Asimismo esta semana se inició la redacción del Plan Integral por el ocio de Calidad en la ciudad de Salamanca. El objetivo es un pacto cívico por la vida nocturna a través de un Plan Integral que contendrá desde políticas de prevención de consumo de alcohol y drogas hasta medidas de convivencia ciudadana y seguridad vial. Tras la primera reunión celebrada el pasado martes, se ha abierto una fase de diagnóstico hasta septiembre y, posteriormente, se iniciará un proceso participativo que contará con los colectivos profesionales, sociales y vecinales.

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