¿Qué significa esto? Que esos 250.000 euros, en principio, no irán para pagar las deudas pendientes con los jugadores. Serán los administradores concursales quienes decidan, según establece la ley, el orden de cobro de los acreedores de la liquidada UDS. Así se estipuló tras la fallida subasta de bienes de la Unión en el Juzgado, pudiendo ofertarse la compra de derechos sin carga alguna.
Ahora bien, desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se asegura que hay que pagar a los jugadores sí o sí para que no se produzca automáticamente un descenso a Tercera División de la plaza que se está vendiendo. Según se entiende desde la administración concursal y de Hidalgo, al venderse los derechos federativos los jugadores tienen deuda con una sociedad sin plaza deportiva, es decir, un club sin categoría, por lo que será la propia AFE o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) quienes deban hacerse cargo del pago a los jugadores. Pero todo dependería del Juzgado.
Es decir, para Hidalgo, si el Juzgado resuelve la compra de los derechos federativos antes de las 12:00 del viernes, la plaza de la UDS es suya, es de Segunda División B, y por tanto no le afecta lo que pueda ocurrir con quién paga y quién no a los jugadores. La duda es si el Juzgado resuelve después de ese límite, porque entonces se consumaría el descenso a Tercera División e Hidalgo estaría comprando una plaza en esa categoría. De darse estos condicionantes, la Federación Española de Fútbol deberá resolver el entuerto.
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