El sindicato CGT llevará a cabo durante esta semana comprendida entre el 16 y el 22 de enero una campaña contra la existencia de los centros educativos concertados, ahora que se abre el plazo para la renovación de los conciertos educativos y para solicitar nuevos conciertos durante un periodo de seis años. “Desde CGT, siempre hemos luchado y lo seguimos haciendo, por la eliminación total de estas subvenciones a los centros privados (los conocidos como concertados)”, confirman.
Por ello, la Federación de Enseñanza de CGT realizará una campaña contra los conciertos educativos con de carácter estatal, y se centrará en Castilla y León en la difusión de un comunicado en el que exponen sus razones, además de unos estudios los que reflejan el número de aulas que habría que retirar de los conciertos, en el caso que la enseñanza pública tuviera las vacantes actuales cubiertas, según su criterio.
“Ello supondría un ahorro en las arcas regionales de al menos 41 millones de Euros en el primer año en el que se llevara a cabo esta reversión. Este dinero a su vez podría invertirse en la contratación de más profesorado, recursos y mejora de instalaciones de la propia enseñanza pública”, dicen.
Con esta campaña, también quieren denunciar el falso argumento sobre el derecho a la “libertad de elección de centro”, ya que “casualmente” el 82% por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales y minorías étnicas se encuentra en la enseñanza pública y aseguran que eso se llama clasismo.
Además, durante esta semana, realizarán una fuerte campaña de difusión en las redes sociales sobre este tema y convocarán concentraciones provinciales denunciando “la situación de robo que supone la entrega del dinero público a negocios educativos privados”.
En el comunicado proponen la paralización automática de todos los nuevos conciertos educativos previstos para el sexenio 2017-2023, la revisión de los conciertos actuales, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos, el incremento de inversión en educación pública hasta el 7% del PIB como en los países más avanzados, la eliminación automática del concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo.
Así como un reparto equitativo de alumnado ACNEE y ANCE entre todos los centros públicos y concertados, la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, la fiscalización y auditoría de todos los ingresos realizados en los centros concertados, la matriculación centralizada en las Direcciones Provinciales para evitar la selección del alumnado, la eliminación del área de religión del currículo escolar y la eliminación progresiva de las subvenciones a los centros.
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