La Justicia comienza a dar la razón a los funcionarios para recuperar la paga extra

La Justicia comienza a dar la razón a los funcionarios para recuperar la paga extra
El sindicato CSI-F, mayoritario entre los funcionarios, va iniciar una negociación estatal y autonómica tras los fallos judiciales que obligan a pagar la parte de la extra de Navidad a los empleados públicos. Una sentencia en Palencia ha sido la primera de este ámbito a nivel nacional, dando la razón a la empleada pública, por lo que se pretende extrapolar para que todos los funcionarios puedan recuperar la paga extra por vía judicial.
 
El objetivo es que la medida aplicada, “de carácter confiscatorio y expropiatorio”, según CSI-F, no prospere y se “luche por que se devuelva no solo una parte si no la paga extra completa”. En su opinión el fallo judicial debe beneficiar a todos los empleados públicos, funcionarios y personal laboral, por lo que en previsión de nuevas demandas que saturen los juzgados de lo contencioso “lo mejor es llegar a un acuerdo con todas las administraciones públicas tras una sentencia que no crea jurisprudencia pero sí tendencia”.
 
El objetivo de CSI-F, junto a UGT y CCOO, pasa por iniciar  la recogida en todos los centros públicos de un modelo previo de reclamación previo al contencioso administrativo y la vía judicial. “Primero se sebe atender esa reclamación o, en su caso, esperar al silencio administrativo en un mes de plazo aproximado, y luego utilizar la vía judicial contenciosa que suele tardar en torno a dos o tres meses para convocar las vistas. El Estado ya está teniendo que hacer frente a las costas procesales de las primeras sentencias favorables de funcionarios y personal laboral”.
 
Mientras, el Tribunal Constitucional revisa la supresión de la paga extra al personal laboral del sector público al admitir a trámite la cuestión planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que expresos sus dudas sobre esta medida al haberse aplicado de forma retroactiva. La Sala de lo Social de la Audiencia decidió el pasado 1 de marzo elevar una cuestión de inconstitucionalidad al concluir que "es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente".
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