ANPE lamenta que la Junta haya tardado tanto en reconocer la autoridad del profesorado

ANPE lamenta que la Junta haya tardado tanto en reconocer la autoridad del profesorado
El sindicato educativo ANPE celebra que su reivindicación histórica de una mayor autoridad para el profesorado comienza a hacerse realidad. Recuerda que desde el año 2005, manifestó públicamente la necesidad de que maestros y profesores fuesen considerados figura de autoridad en el ejercicio de la función docente. En el comienzo de esta reivindicación la administración se mostró receptiva a las peticiones pero no dio respuesta. Por ello, ANPE, viendo esta actitud pasiva de la Administración tomó la iniciativa y en 2006 creó el Defensor del Profesor, servicio pionero en España, para dar respuesta a las situaciones de acoso y violencia que sufren los docentes en su tareas diarias.

Ahora, con la ley nueva se conseguirá fomentar la consideración y el respeto de la figura docente como elemento fundamental para la convivencia en los centros. También destaca ANPE la presunción de veracidad de los docentes en sus informes y declaraciones. Es decir, se presume la validez, salvo prueba en contra, de la palabra de un profesor frente a la de cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. A lo que se añade mejorar la protección jurídica del profesorado. Es a partir de la imposición de penas donde adquiere relevancia la consideración específica de autoridad pública, ya que la pena que se impone, si el delito se comete contra la autoridad, es mayor que si el delito se comete contra un funcionario que no ostente dicha consideración. Los delitos cometidos contra los docentes que tuvieran reconocida la condición de autoridad podrían ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Esto eximiría al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia.

Otros logros son el derecho a la representación y defensa en juicio y reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones realizadas dentro o fuera del recinto escolar. Además de la obligación de los alumnos, asimismo, de reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Los padres o representantes legales asumirían la responsabilidad civil que les corresponda. Y se reconoce la potestad del profesorado para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.

"En ANPE nos alegramos de que el camino esté llegando a su fin pero tenemos que criticar la lentitud que ha mostrado la administración. Si la aprobación se hubiera producido cuando ANPE lo solicitó se habría evitado un importante número de situaciones conflictivas. En definitiva, con esta Ley el profesorado recuperará el prestigio social que nunca debería haber perdido y beneficiará no solo a los docentes sino también a los alumnos y a las propias familias", concluye el sindicato.

 
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