Uno de cada cuatro médicos que Sacyl jubiló a la fuerza acude al juzgado

Uno de cada cuatro médicos que Sacyl jubiló a la fuerza acude al juzgado
Uno de cada cuatro médicos jubilados forzosamente el pasado 1 de abril ha llevado a Sacyl a juicio. Así, reclaman su reincoporación al servicio al considerar que se encuentran en condiciones de continuar su labor profesional más allá de los 65 años, pero también se oponen a que se les elimine la mitad de la pensión en caso de mantener una consulta privada. En otras comunidades autónomas también se han producido estas reclamaciones y la Justicia está fallando a favor de los médicos, como ha ocurrido en Canarias.
 
Pediatría, Cirugía General y Traumatología son las áreas más afectadas por el nuevo decreto de la Junta de Castilla y León por el cual los médicos no pueden continuar su trabajo más allá de los 65 años. Una Orden de la Junta recoge la jubilación obligatoria para el personal de Sacyl, un decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia sanitaria para así cumplir con los compromisos asumidos en el Plan Económico-Financiero 2012-2014. Dicha norma contempla diversas medidas para facilitar la ordenación de la atención primaria y de la atención continuada, así como otras iniciativas en materia de recursos humanos, que suponen tanto una contención del gasto público como un sistema más flexible, eficiente y sostenible.
 
La norma modifica distintas normas que regulan la jubilación de los trabajadores de la Junta. Hasta ahora la prolongación del servicio activo más allá de la edad legal y hasta los 70 años como máximo era prácticamente automática, si así lo deseaba el empleado público. En los últimos meses, se ha avanzado en la negociación del Plan de ordenación de los recursos humanos para la prolongación en el servicio activo de los profesionales de Sacyl. Al mismo tiempo, con la modificación del artículo 38 de la Ley de Función Pública se cambia la regulación de la jubilación de los funcionarios de la Junta.
 
En virtud del cambio que se aprueba, la decisión queda en manos de la Administración autonómica, que estudiará cada caso y resolverá atendiendo a tres criterios: aptitud para el cumplimiento de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo; conducta profesional, rendimiento o consecución de objetivos, y razones organizativas y de racionalización de los recursos humanos. Con ello se conseguirá una mayor eficiencia y el rejuvenecimiento de las plantillas, en la medida en que algunos de los puestos que queden libres serán cubiertos por profesionales más jóvenes.
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