UPyD quiere que se incorporen a su querella las preferentes de Caja España-Duero

UPyD quiere que se incorporen a su querella las preferentes de Caja España-Duero
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Salamanca ha valorado como una magnífica noticia que su partido haya conseguido llevar a la justicia "el enorme escándalo financiero de las preferentes" que servirá para investigar en profundidad el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes con más de 300.000 afectados en toda España y que en Castilla y León corresponden en su inmensa mayoría a emisiones del Banco Ceiss, antigua Caja España-Duero.
 
El juez Andreu, al que la Fiscalía había pedido no investigara los hechos, ha hecho público un auto, en el que detalla que investigará a distintos directivos de determinadas cajas ligadas a Bankia, por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar los precios. UPyD recurrirá la decisión de tramitar la causa dentro del caso Bankia, para evitar demorar la resolución judicial, y facilitar que puedan acceder a la causa afectados de otras entidades no integrados en el banco madrileño. 
 
El abogado y miembro de la formación magenta, Andrés Herzog, ha valorado que la admisión a trámite abre una nueva "oportunidad para los afectados por las preferentes", "un nuevo campo de responsabilidad no incompatible con demandas civiles. La importancia se verá con el tiempo cuando se profundice en la investigación". El abogado ha recibido muy bien el auto de la Audiencia Nacional. "Andreu asume de principio a fin que en este caso se ideó un producto complejo para que no fuera entendible" y "sienta unas bases muy sólidas cara a la instrucción", ha manifestado, y va a obligar a las entidades y a los organismos supervisores a un "desnudo integral".

“Si desde la política no se toman decisiones en este sentido, haremos lo que nuestros medios nos permitan en los tribunales antes que Gallardón nos lo impida”, refiriéndose a la intención del ministro de impedir que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular en las denuncias de delitos económicos en la reforma que se está barajando desde su ministerio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

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