Los municipios de Salamanca continúan adhiriéndose masivamente a la facturación electrónica tal y como obliga la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable que ha entrado en vigor este jueves.
A partir de ahora todas las Administraciones Públicas están obligadas a recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la norma. Tan sólo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.
Por este motivo, en las últimas semanas es frecuente constatar, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que son muchos los municipios salmantinos cuyos plenos han decidido adherirse, algo que en Ayuntamientos como Villares de la Reina sucederá este viernes durante la primera sesión plenaria del año.
La Ley representa un ?importante avance? en la Administración electrónica y un cambio histórico en la facturación de las Administraciones Públicas españolas. En un período aproximadamente de un año, han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso, lo que representa un esfuerzo importante por el cambio radical de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico.
La Administración General del Estado, además, ha realizado un doble esfuerzo al adaptar, por un lado, todos sus sistemas a la factura electrónica y, por otro, al proporcionar un punto general de entrada de facturas electrónicas adaptado también para incorporar a todas las Administraciones Territoriales. Éstas, podían crear su propio punto de acceso o utilizar el que la Administración General del Estado ha puesto a su disposición, para facilitarles el trabajo y un ahorro considerable en la inversión.
Además su Punto de Entrada de Facturas electrónicas funciona desde el 15 de enero de 2014, un año antes. En él se han recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre de ese año.
Adhesiones
El Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) de la Administración General del Estado, tiene integrados hoy los distintos puntos de tramitación de los ministerios. Además, se han adherido a su utilización, las CCAA de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.
Otras CCAA, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, no se han adherido a FACe, pero han dispuesto un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas, y el algunos casos se está estudiando la posibilidad de intercambio de información entre estos puntos y FACe.
En cuanto a EELL, se han adherido a FACe 5.177 ("Listado de Entidades Locales adheridas"). Asimismo, se han adherido 17 universidades.
Ahorro
Los ahorros anuales estimados, sólo para la Administración General del estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.
Los ahorros por factura se calculan para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas en 0,70 euros, pasando de un coste en papel de 0,76 euros a un coste electrónico de 0,06 euros.
Las Administraciones Públicas ahorran por recepción 2,78 euros, pasando de un coste en papel de 2,87 euros a un coste en electrónico de 0,09 euros.
En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75 euros.
Lucha contra la morosidad
La Ley, aprobada dentro de las actuaciones del informe CORA, permite la erradicación de la morosidad en el sector público, donde ya -con anteriores medidas, como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico- se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70%, así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.
La puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de financiación, desde 2012, han conseguido la reducción de la deuda comercial de las Administraciones Territoriales, hay que destacar que a lo largo de estos años de han pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos, que permitieron el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo y que representaron una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros.
Beneficios
La nueva norma refuerza la protección de los proveedores, al dejar constancia de la fecha de presentación de su factura, lo que permite un mejor control de la misma. Además, se agiliza la tramitación de las facturas, al incorporar las nuevas tecnologías, facilitando su seguimiento para su pago posterior y para su control contable.
Y, dentro de las Administraciones Públicas, los órganos de control interno podrán acceder en cualquier momento a la documentación e información del registro contable de facturas y elaborarán anualmente un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
Los registros contables, además, remitirán a la Agencia Tributaria información sobre las facturas recibidas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación. Asimismo, habrá intercambio de información entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las AAPP, con el objetivo de fortalecer también la lucha contra el fraude.
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