La Consejería de Hacienda y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y CGT han pactado el nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León, que estará vigente hasta 2015. El acuerdo, que afecta a 17.677 trabajadores de la Administración autonómica, se ha alcanzado en el seno de la comisión negociadora paritaria que se constituyó el pasado abril con el objetivo de renovar el anterior, que databa de 2003.
La principal novedad del texto es que incorpora las modificaciones y mejoras retributivas que se han llevado a cabo en la última década con el consenso de los representantes de los trabajadores públicos. Como consecuencia de esto se reordena la estructura salarial del personal laboral, de modo que a partir del 1 de enero de 2014 las retribuciones anuales totales se repartan en 14 pagas idénticas. Esta modificación, que no implica incremento económico alguno, corrige la situación actual, en la que algunos complementos se perciben dentro de las extras.
El nuevo convenio colectivo, que tiene efecto desde este mismo sábado, adapta su contenido al Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Así y con el fin de cumplir las previsiones de esta última se suprimen las categorías profesionales, que serán sustituidas por las denominadas competencias funcionales. De cara a este proceso se constituirá una mesa técnica que se encargará de actualizar el sistema de clasificación vigente, para que sea acorde a las necesidades de la Junta.
Como es lógico, en materia de jornada, vacaciones y permisos el convenio también se acomoda a la normativa vigente y los acuerdos alcanzados, entre los que destaca la posibilidad de disfrutar de cinco días sin sueldo frente al límite anterior que obligaba a solicitarlos en periodos de al menos 15 días. Paralelamente, permite que siete de los 22 días hábiles de vacaciones se puedan disfrutar sueltos, sin integrarlos en un periodo de al menos una semana como hasta ahora. En ambos casos el objetivo es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, en la medida en que pueden acomodar mejor sus necesidades particulares a los descansos.
Asimismo, el documento incorpora mecanismos que facilitan los traslados de laborales fijos discontinuos por causas de salud. En este punto el Gobierno de Castilla y León ha asumido el compromiso de regular la cadencia de los procesos de provisión de este tipo de trabajadores sin perjuicio de que se estudie la viabilidad de otros procedimientos de movilidad a futuro, con la creación de una comisión específica que analizará las condiciones de estos efectivos.
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