Las Unidades de Gestión Clínica dividen a los sindicatos sanitarios

Las Unidades de Gestión Clínica dividen a los sindicatos sanitarios
El gerente regional de Salud, Eduardo García Prieto, ha presentado a los representantes de los trabajadores y los profesionales del sistema sanitario regional, el borrador del proyecto de la Consejería de Sanidad, sobre las Unidades de Área de Gestión Clínica de Castilla y León, durante la Mesa Sectorial de Sanidad. Durante la reunión también se acordó crear dos comisiones de carácter técnico en las que se analizarán los resultados de las experiencias piloto en Salud Mental en Zamora y en Cardiología en Valladolid. En octubre podría estar concluido todo el proceso.

Una propuesta a la que se oponen los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, que consideran que conllevará un proceso de privatización acompañado de una pérdida de derechos de los trabajadores sanitarios. Por su parte, el sindicato de enfermería Satse rechaza también el modelo pero ha presentado alegaciones para tratar de mejorar lo que considera imposición. Por su parte, el sindicato médico CESM asume el diseño porque supone una delegación de responsabilidad de la gestión en los profesionales.

 
La secretaria general y de Comunicación de FSP-UGT Castilla y León, Carmen Ámez, considera que “deja a los trabajadores en situación de indefensión laboral con pérdida de derechos irrecuperables y con la probable privatización de la asistencia sanitaria de nuestra Comunidad”. Por su parte, el secretario general de Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León, Pablo Vicente, alerta de que "la Junta se inventa y hace pruebas con unidades de gestión clínica". Y para CSI-F, los trabajadores pierden todos los derechos adquiridos por sus oposiciones, "ganados durante años con esfuerzo y preparación, a diferencia de la mayoría de los gestores políticos, con deficiente preparación en gestión, nombrados a dedo, que nos pueden llevar a un caos en la sanidad de Castilla y León".

Mientras, la secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería de Castilla y León (Satse), Silvia Sáez, afirma que el modelo “podía haber sido otro, ya que se está aplicando desde hace diez años en autonomías como Andalucía y no ha mejorado nada”. Por último, el vicepresidente de CESM en Castilla y León, Tomás Tornazo, destaca que "es una buena idea pero que se puede mejorar porque si surge con las dudas que hay ahora sobre la mesa puede llevar al fracaso”.

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