El Pleno impulsa la ordenanza para mejorar la accesibilidad en Santa Marta

El Pleno impulsa la ordenanza para mejorar la accesibilidad en Santa Marta
El Ayuntamiento soluciona las trabas legales para poder instalar ascensores en los edificios más longevos del municipio

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes pusieron de manifiesto este martes su total acuerdo respecto al desarrollo de la Ordenanza Municipal Reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores y otras actuaciones que favorezcan la accesibilidad en edificios residenciales de Santa Marta de Tormes. 

La iniciativa contribuirá a mejorar las condiciones en cerca de una cuarta parte de los edificios de la localidad, “algo más de 200 inmuebles que nos pedían soluciones”, explicó el concejal Francisco Miguel García.

La ordenanza facilita la adaptación de los edificios a la normativa “por la evidente necesidad de rejuvenecer el parque de viviendas”. Por ello, a través de esta nueva herramienta el Ayuntamiento desarrolla “fórmulas jurídicas que facilitan soluciones y resuelven problemas hasta ahora insalvables”.

Se abre ahora un periodo de un mes para presentar alegaciones a la ordenanza. En lo que al coste respecta, la Junta de Castilla y León dispone de líneas de ayuda para las comunidades de vecinos que quieran afrontar la remodelación.

Defensa de la Sanidad pública

De igual modo, aunque no de forma unánime, el Pleno terminó aprobando la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Santa Marta para apoyar a la Plataforma 'Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública'. 

Los proponentes tuvieron que escuchar varios reproches relativos a la presentación en plenos anteriores de iniciativas similares que no fueron aprobadas. En ese sentido, el portavoz de la formación naranja especificó que la moción "se ajusta a la realidad de nuestro entorno, no como otras de carácter universal que vienen a este Pleno". "Los santamartinos sí padecen una sanidad muy precaria", apostilló.

'Impuesto al sol'

También salió adelante, no sin debate, la iniciativa de IU-Los Verdes pidiendo que se inste al Gobierno a modificar íntegramente el denominado ‘impuesto al sol’; una tasa, lamentan, que supone que aquellas personas que producen su propia energía sean también gravadas con un impuesto. 

Mientras Ciudadanos recordaba que este asunto ya llegó al Congreso de los Diputados a iniciativa suya, el PP justificó su abstención recordando que el pasado mes de noviembre el ministro Álvaro Nadal se comprometió a revisar la normativa “para que el sistema no genere gasto adicional ni traslade costes a los consumidores”. Los populares quisieron especificar, eso sí, que "el mal llamado impuesto al sol no es un gravamen sino que solventa una situación injusta al establecer un pago de peajes por conducción eléctrica”. “Sería injusto que quien autoconsume no pague los peajes que el resto sí abonan”, subrayó la portavoz en esa materia, Marta Labrador.

Nuevos criterios de contratación

Por otro lado, se desestimó la moción del Grupo Municipal Somos Santa Marta para la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los criterios de contratación pública “porque ya se está elaborando una iniciativa similar en la Diputación de Salamanca que podría ser adaptada”. Ese fue el argumento esgrimido por parte de quienes, como advirtió la portavoz popular Chabela de la Torre, están de acuerdo en el fondo de la moción “pues es necesario tener en cuenta otros criterios a la hora de seleccionar adjudicatarios”, pero no en la forma al entender que se duplicarían los recursos innecesariamente.

El grupo proponente no escuchó a quienes le pedían la retirada de la moción al entender que las mesas de contratación provincial y local podrían ser compatibles. 

 

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