En un escenario de incertidumbre política ante las nuevas elecciones, el Ministerio ha dado a conocer los proyectos del Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y la Orden Ministerial por el que se regulan sus características, diseño y contenido de estas pruebas para el curso 2016-2017, aunque no tendrán efectos académicos hasta finalizar el curso 2017-2018, que introducen una serie de novedades respecto a las propias previsiones de la LOMCE.
"En este contexto, tal vez, sea más aconsejable esperar a la configuración de un nuevo gobierno para abordar el diseño final de las evaluaciones, desde un consenso de mínimos, de manera que evitemos los continuos vaivenes en nuestro sistema educativo. Además, ANPE exige que estos proyectos normativos fueran tratados previamente en la Mesa Sectorial de Educación, órgano legítimo de representación del profesorado para aportar sus propuestas", afirma Nicolás Avila Villanueva, vicepresidente de ANPE Castilla y León y presidente de Salamanca.
Recuerda que ANPE no se opone a la decisión de incorporar al sistema educativo evaluaciones externas que han de ser estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efectivas a la hora de diseñar políticas específicas y sirvan para la homologación de contenidos y vertebración del sistema educativo. "Pero la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno y la evaluación de su aprendizaje deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para el alumnado, que le ayuden a alcanzar sus objetivos y no se dirijan a establecer un sistema de clasificación de centros que nos llevaría a una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los rankings de los centros, perdiendo con ello el verdadero objetivo de diagnóstico y recuperación del alumno para alcanzar el éxito educativo".
ANPE comparte la idea de que estas pruebas no sirvan para hacer clasificaciones de centro, aunque no está de acuerdo en otorgar a las Comunidades Autónomas competencias del Estado en la fijación de las preguntas y el calendario de las pruebas que ahondan, aún más, en las diferencias ya existentes de los 17 sistemas educativos de nuestro territorio nacional.
Para ANPE, las evaluaciones externas en las etapas obligatorias sólo tendrán sentido si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de recuperación, y vayan precedidas de refuerzo previo de la evaluación continua e interna.
Los nuevos proyectos normativos de evaluaciones en ESO y Bachillerato han incluido algunas reivindicaciones que ANPE venía demandando como que las pruebas fueran aplicadas y calificadas por funcionarios docentes o la eliminación de las preguntas tipo test o que la prueba de 2º de Bachillerato sirva finalmente no solo para obtener el título sino también para acceder a la Universidad.
Sin embargo, a ANPE le preocupa que el desarrollo de la prueba de 4º de la ESO tenga carácter meramente académico para aquellos alumnos que han tenido buenas calificaciones en su centro educativo. ANPE defiende que las evaluaciones dentro de la enseñanza obligatoria tienen que tener carácter de diagnóstico que deben ir enfocadas a detectar las dificultades de aprendizaje y, en consecuencias, poner en marcha medidas de apoyo y refuerzo al alumnado.
Para ANPE, estas evaluaciones, como todo el desarrollo normativo de la LOMCE, serían más efectivas si se hubiera alcanzado desde un consenso educativo previo, con la participación del profesorado, que es quien está poniendo en marcha la ley y en definitiva, quien va a aplicar estas pruebas.
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