La adhesión a este mecanismo se acordó el pasado 5 de marzo e implica un ahorro superior a 93 millones de euros para las arcas autonómicas debido al menor pago en intereses, estimado en 20 millones, y a la condonación de otros 73,9 millones de euros de la anualidad prevista para este año por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
La Facilidad Financiera es uno de los cuatro instrumentos que componen el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, creado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, para facilitar liquidez a estas dos últimas administraciones. Los otros tres son el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Fondo Social y el Fondo en Liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Castilla y León optó por el FFF porque era el reservado a los territorios que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y respetan el periodo medio de pago a proveedores. Esto determinó una primera asignación de recursos a la Comunidad por importe de 2.003,6 millones de euros, que se formalizó en un préstamo de esa misma cuantía entre la Junta y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con ello se cubría el endeudamiento de 2015 a un coste mucho más competitivo que el de mercado, ya que la operación se suscribe a un plazo de 10 años con un interés del 0 % anual durante los tres primeros ejercicios, y del 0,834 % los siete siguientes.
A finales de agosto la Junta de Castilla y León acordó el incremento de ese límite en 272,5 millones de euros, hasta los 2.276,1 millones, con el fin de reestructurar su cartera de préstamos, aprovechando las buenas condiciones de los mercados. Y en el día de hoy se ha acordado un nuevo aumento de 49,99 millones, hasta alcanzar los 2.326,1, que responde a la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de conceder recursos adicionales a las autonomías para sufragar las desviaciones del déficit de ejercicios anteriores al 2015, sin perjuicio de los gastos derivados del tratamiento de la Hepatitis C.
Una herramienta a disposición de las autonomías cumplidoras sin condicionalidad fiscal
Conviene recordar que el hecho de no acudir a los proveedores financieros habituales conlleva un ahorro estimado de 20 millones de euros en intereses este año, lo que implica disponer de un margen de actuación adicional para fines sociales. Fruto de la negociación en el marco del diálogo social para dar el mejor destino a esa cuantía ha sido, por ejemplo, la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas que perciben un subsidio parcial por desempleo.
La segunda gran ventaja de la Facilidad Financiera ha sido la condonación de la cuota que era obligatorio devolver al Gobierno de España en 2015 por el fraccionamiento en 20 años del importe global de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009. En el caso de Castilla y León la anualidad correspondiente a 2015 ascendía a 73,9 millones de euros, que se destinarán a financiar inversiones en virtud del convenio de colaboración firmado el pasado viernes entre la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico y el secretario de Estado de Administraciones Públicas del Gobierno de España.
Es preciso indicar que el FFF carece de condicionalidad fiscal. El único requisito para acceder a él ha sido sumarse a dos plataformas electrónicas estatales para la eliminación de trabas burocráticas: Emprende en 3 y el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). La primera agiliza los trámites para la creación de empresas mediante la gestión por Internet de las declaraciones responsables, comunicaciones y solicitudes de autorizaciones o licencias que necesitan los emprendedores, además de integrar automáticamente este proceso con otras herramientas similares. Por su parte, la adhesión a FACe simplifica a los proveedores administrativos la presentación de las facturas en formato electrónico.
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