Desde hace unos meses las personas que quieren solicitar un Permiso Individual de Formación (PIF) además de pedir autorización a su empresa y cumplir los requisitos que establecen la normativa que regula la formación para el empleo, tienen que ?convencer de sus buenas intenciones? a los inspectores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) saluda el incremento del control de los fondos públicos pero considera que, ?una vez más, se equivocan de culpable: son las entidades organizadoras las que deben ser objeto de un control exhaustivo, y no los asalariados que llevan más de veinte años haciendo un uso intachable de este derecho?.
El Permiso Individual de Formación es un permiso retribuido de hasta 200 horas laborales por año que un trabajador puede solicitar a su empresa para hacer cursos con titulación o acreditación oficiales. Si la solicitud cumple los requisitos, la empresa puede bonificar el salario y la Seguridad Social del trabajador durante el tiempo en que se ausenta de su puesto para seguir sus estudios.
A lo largo de veinte años, los PIF habían sido una iniciativa residual del sistema de formación, utilizada casi de forma exclusiva por las empresas grandes para impulsar la carrera profesional y el desarrollo académico de sus plantillas. Pero en 2012 algo cambió: las peticiones se incrementaron en un 300% respecto a las de 2011, y al año siguiente, 2013, alcanzaron la cifra record de 30.221 y, por primera vez desde su creación, se agotaron los 28 millones de euros disponibles para la iniciativa. El perfil de alumnos y cursos también se alteró por completo.
?Todo indica que las entidades organizadoras de formación de demanda descubrieron que podían complementar la financiación de los cursos mediante permisos individuales de formación, de manera que no solo se subvencionaban los costes del aula, profesorado, materiales, etcétera, sino también los salarios de los alumnos. Estos significaría pasar de 420 a 1.285 euros como importe anual mínimo para formación por empresa?, explica CCOO.
CCOO advirtió al SEPE del anómalo comportamiento estadístico de los PIF e incluso sugirió que había empresas de muy pocos trabajadores en las que todos ellos habían decidido de pronto empezar a estudiar y en las que los delegados de personal no había sido informados, requisito exigido para obtener la financiación. ?La localización de las entidades organizadoras que concentraban el mayor volumen de solicitudes no debería ser difícil y tampoco lo es acordar con los agentes sociales medidas encaminadas a controlar estos excesos, pero la Administración prefiere abordarlo como una cruzada contra los trabajadores, a los que ahora se están exigiendo condiciones mucho más duras? afirma Javier López, Secretario Confederal de Formación de CCOO.
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