Un hombre, cuyas iniciales responden a G.O.B., ha sido procesado este miércoles en la sala de penal número uno de los Juzgados de Salamanca, acusado de un delito societario y de administración fraudulenta por parte del Ministerio Fiscal. Además, la acusación particular solicita 1 año de prisión y 12 meses de multa por apropiación indebida, 4 años y 4 meses por dos delitos de falsificación de cuentas, 4 años por administración fraudulenta y 24 meses de multa por no facilitar información contable.
Los hechos se remontan a los años 2008 en adelante cuando un grupo de cuatro amigos de la infancia decidieron fundar una sociedad participada por todos ellos para la puesta en marcha de un gimnasio franquiciado en el paseo de Canalejas de la capital salmantina. El acusado, O.G.B., asumió las funciones de administración de la instalación y la gestión de sus cuentas, dado que era el único de ellos que residía en la ciudad, aunque él argumenta que la responsabilidad siempre fue repartida. Eso sí, reconoce que percibía un sueldo por desarrollar funciones de encargado.
Todos los exsocios han declarado en calidad de testigos y han relatado cómo el acusado les negó en reiteradas ocasiones las cuentas de la empresa, mediante largas y evasivas. Además, coinciden en que G.O.B. les pedía ingresos constantemente esgrimiendo que había innumerables gastos. Finalmente, el negocio se reveló nítidamente deficitario y alcanzaron un acuerdo por el que el acusado se quedaría con la sociedad por completo.
Citados en una notaría de Zamora, el acuerdo no llegó a buen puerto porque los socios fueron advertidos allí mismo de que no se trataba de una compra-venta sino de una donación, lo que haría que siguieran teniendo cargas. En ese momento la confianza entre ellos se quebró y el gimnasio acabó desmantelándose. En los últimos meses de funcionamiento del mismo, el acusado de marchó a León a trabajar y dejó a un empleado al cargo, quien acabó informando al resto de socios, según la declaración de éstos.
También han comparecido como testigos, la madre del acusado y su esposa. La madre había pedido un crédito de 120.000 euros para cubrir la aportación de su hijo, quien luego se lo fue devolviendo en diferentes transacciones bancarias. El resto de socios no entiende por qué se hacían esos pagos y no otros, ya que la sociedad acumulaba deudas con proveedores, Hacienda, Seguridad Social y empleados.
Según la declaración de uno de los socios, los aparatos del gimnasio fueron “malvendidos” para cancelar los créditos que había asumido la empresa con una entidad bancaria, aunque aún quedan deudas por pagar. Por todo ello, se solicitan las penas antes descritas y el pago de las distintas multas al acusado, quien se considera inocente y mantiene que la responsabilidad y, por lo tanto sus consecuencias, fue en todo momento compartida.
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