El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este martes por unanimidad dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar el ámbito urbanístico en el que se encuentra el centro comercial El Corte Inglés. El origen de la intervención a que se refieren estas dos modificaciones del PGOU se remonta al acuerdo alcanzado en su día entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Salamanca y El Corte Inglés, considerado irregular por el Tribunal Supremo.
Este acuerdo previó la demolición de las edificaciones existentes en el antiguo Acuartelamiento Julián Sánchez El Charro, la construcción del centro comercial, la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización del sector, de las que surgieron la nueva calle Víctimas del Terrorismo y la Plaza de la Concordia, la construcción del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, y la cesión al Ayuntamiento de Salamanca del solar de El Ispe donde actualmente se encuentra el campo de fútbol Nemesio Martín. A su vez, el Ministerio de Defensa cedió al Ayuntamiento de Salamanca los terrenos del antiguo Polvorín de Tejares, y obtuvo un solar para la edificación de viviendas. Tramitada la correspondiente modificación del PGOU, ésta fue anulada por los tribunales por diversos defectos.
Las dos modificaciones urbanísticas dotan de planeamiento a estos ámbitos, y atienden a necesidades de interés público urbanístico, como las de arbitrar una ordenación coherente y respetuosa con la morfología urbana del entorno; dotar a esta zona de espacios públicos de gran entidad y utilidad como zona pública de estancia y encuentro de residentes; crear una amplia red viaria, incluido un aparcamiento subterráneo privado de uso público y plazas de aparcamiento público en superficie; destinar un 70% de la superficie total ordenada a espacios de dominio y uso público; y consolidar las cesiones de suelo y aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento de Salamanca, que incrementan el patrimonio municipal, entre ellas la Plaza de la Concordia, el centro Julián Sánchez El Charro y el campo de fútbol Nemesio Martín. "Las modificaciones tramitadas resuelven además las deficiencias de la modificación anulada puestas de manifiesto por los tribunales, y se ajustan en su totalidad al modelo territorial definido por el actual Plan General de Ordenación Urbana, cumpliendo todos sus parámetros, lo mismo que la normativa urbanística aplicable", añade el informe.
El PSOE pide responsabilidades políticas
El concejal Joaquín Corona explicó que el Grupo Socialista apoya el cambio urbanístico para que la ejecución de la sentencia no repercuta en la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos, así como una reclamación que "dejaría en bancarrota" las arcas municipales. Y es que se trata de "uno de los problemas de gestión urbanística más importantes que se hayan dado en esta ciudad". Así, recordó las advertencias que el PSOE hizo entonces a los problemas que podría ocasionar el que El Corte Inglés "se tuviera que instalar a toda costa", sin las mismas condiciones que el resto de superficies comerciales.
Además, en el convenio con el Ministerio de Defensa por el que se transfería el Polvorín de Tejares se valoró "cada hectárea de un secarral" en 12.228 euros, mientras que el Ministerio de Agricultura la valoraba en 4.007 euros, con la consiguiente pérdida patrimonial para el Ayuntamiento. Y se realizó una permuta urbanística "contraviniendo la legislación entonces". Incluso se catalogaron como públicas las plazas de aparcamiento del centro comercial, "y de públicas sólo tienen el título".
El equipo de Gobierno justifica los beneficios del convenio
Al respecto, el concejal de Fomento, Carlos García Carbayo, afirmó que "esta intervención urbanística cambió la fisonomía de esta parte de la ciudad, modernizándola con equipamientos para los ciuadanos, con una gran plaza, un centro cívico con más de 106.000 usuarios y un centro comercial de gran prestigio". Así, el acuerdo se percibía como "muy beneficioso para los salmantinos" y "así se ha visto indudablemente confirmado con el paso del tiempo".
Y añadió que "el urbanismo no es una ciencia exacta, está sujeta a múltiples interpretaciones, pero da confianza que los informes municipales validen esta modificación urbanística. Es una ordenación coherente y respetuosa con el entorno, ampliando la red viaria y el 70% se destina a espacios de dominio público". Una unidad urbana que genera 600.000 euros al año para las arcas municipales. Además, se rige según las pautas que establece la doctrina del Tribunal Supremo.
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