El portavoz socialista señala que “si una persona es reconocida como dependiente no deja de ser dependiente porque decida salir de una residencia.” “Tendrá que realizar los trámites correspondientes para que se le conceda otra prestación puesto que sigue siendo dependiente, pero en ningún caso se quedará sin prestaciones. Sólo tendrá problemas para acceder a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, como consecuencia de los recortes realizados por la Consejería de Familia”, explica Alonso, quien subraya que lo de no poder acceder a prestación si existe un centro residencial en el municipio del dependiente es una circunstancia que sólo se produce en nuestra Comunidad, por decisión de la consejera.
En este sentido, el representante socialista denuncia que este recorte de la Junta de Castilla y León perjudica a los dependientes y perjudica a las residencias. “Perjudica ambos porque si una persona dependiente no ingresa en una residencia por no poder complementar el pago de ésta y se le niegan los cuidados en el entorno familiar, lo que está consiguiendo la Consejería de Familia es que el dependiente no tenga prestaciones y la residencia continúe con las plazas vacías.”
Tras recordar que en el año 2012 la Junta recortó en un 25%, es decir más de 1000 plazas concertadas en residencias de mayores, de las 4.367 plazas que existían hasta ese año, Alonso asegura que “los problemas de ocupación de las residencias de personas mayores en Castilla y León son consecuencia de que la Consejería de Familia ha suprimido una de cada cuatro plazas concertadas con las residencias. Esta es la principal causa de que existan vacantes en los centros residenciales”.
Asimismo, denuncia que con el objetivo de obligar a las personas mayores en situación de dependencia a ingresar en los centros residenciales, la consejería de Familia realizó de manera paralela el recorte de los conciertos de las plazas residenciales y el de las prestaciones de los cuidados en el entorno familiar “sin tener en cuenta que al suprimir las plazas concertadas muchas familias no podrían pagar una plaza residencial.” Las plazas concertadas tienen la consideración de plazas públicas. La Ley de la Dependencia establece que se debe priorizar el acceso a los servicios públicos, frente a las prestaciones económicas, “con lo que la supresión de los conciertos está dificultando a muchas personas a acceder a una plaza residencial” incide el portavoz socialista para quien “la política de la Junta de impulsar la creación de plazas residenciales en municipios alejados de los grandes núcleos urbanos, hace que, por un lado, en los pequeños municipios existan plazas residenciales vacías mientras que por otro en las capitales de provincia no se cubre la elevada demanda de plazas de residencia. “La consejera de Familia debería de reconocer que está aplicando una política equivocada, que perjudica a las personas en situación de dependencia y a los centros residenciales” sentenció.
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