“Los servicios públicos no se pueden evaluar solo por criterios económicos”

“Los servicios públicos no se pueden evaluar solo por criterios económicos”
En la tarde de este martes, la vicesecretaria de coordinación institucional, Carmen García, y la secretaria de política municipal, Carmen Ávila, han comparecido ante los medios de comunicación con el fin de explicar las acciones a tomar por el PSOE en defensa de municipalismo. Se cumplen, hoy, 34 años desde que tuvieran lugar las primeras elecciones de 1979. Según Carmen Ávila, “aquellas que sentaron las bases de los ayuntamientos democráticos, los cuales, han trabajado siempre para y por los ciudadanos y en la defensa de sus derechos y solución de sus problemas”. Además, la secretaria de política municipal recordó “que la labor realizada por los ayuntamientos ayudan al crecimiento y desarrollo de los muncipios”.
 
Carmen García, por su parte, criticó la política del Partido Popular en referencia a la reforma de la Administración Local, de lo que dijo que ello acabaría con las competencias de los ayuntamientos al no poder prestar servicio a los ciudadanos delegando sus funciones a otras administraciones. Esto perjudicaría a los consistorios de los pequeños municipios en gran medida. Ayuntamientos que, según García, “ayudan al desarrollo de la vida social y económica de los pueblos”.
 
La vicesecretaria de coordinación institucional destacó “que ninguna de las reformas propuestas por el Partido Popular debe perjudicar a los consistorios”, en clara defensa por el municipalismo y su labor. Por ello, desde el PSOE se ha presentado y registrado una moción en la Diputación Provincial en la que se propone el diálogo para negociar las normas que rijan a las entidades locales y la retirada del anteproyecto de Ley de la reforma de la Administración Local.
 
Para concluir, García recordó que la cesión de servicios prestados por los ayuntamientos a otras instituciones no garantizan su prestación y sí supondría un paso más para pensar en una posible privatización de los mismos. Hecho “que no puede suceder en la administración más cercana a los ciudadanos”, subrayó.
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