En la mañana de este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención directa destinada a financiar los intereses de los préstamos que tienen concedidas las explotaciones ganaderas de Castilla y León desde el 2008. Ayuda que se ha dotado de un total de 9.891.003 euros y de la que se beneficiarán 6.590 ganaderos de, principalmente, ovino, caprino y porcino.
 
Esta nueva ayuda aprobada hoy por el Consejo de Gobierno responde a un sistema de refinanciación de la deuda de las explotaciones que ha permitido a los titulares de los préstamos acordar con las entidades financieras prestatarias el prolongar hasta siete años el plazo de amortización, y los tres primeros de esos siete años son de carencia, es decir que no se devuelve el capital sino solo los intereses. “Esta medida permite aliviar la presión económica de las explotaciones, al disponer de un período más largo de tiempo para devolver el importe del préstamo, y siguen contando con la misma bonificación de intereses por parte de la Administración, que asumirá así el mayor coste financiero de los préstamos”, aseguran desde la Administración regional.
 
Antecedentes
 
Durante el año 2007 el sector ganadero comenzó a sufrir serias dificultades motivadas fundamentalmente por el incremento de los precios mundiales de las materias primas. Esta situación motivó la puesta en marcha de distintas medidas que contribuyeran a paliar esa situación de crisis. Con la intención de mejorar una situación que comprometía la competitividad de las explotaciones, se puso en marcha por parte del Ministerio y las Comunidades Autónomas una medida horizontal que consistió en la bonificación de intereses de créditos destinados a las explotaciones ganaderas.
 
Esta ayuda permitió que los ganaderos de Castilla y León consiguieran financiación para sus explotaciones por un importe de 196 millones de euros en un momento de especial dificultad. El importe total de esta ayuda suponía un pago, para los 5 años de vigencia de los préstamos, de 17 millones de euros para la Junta de Castilla y León y 9 millones de euros para el Ministerio.

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