Los procuradores del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, Ana Muñoz de la Peña y Juan Luis Cepa, han presentado una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla y León donde se insta al gobierno regional a realizar, junto con el resto de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, todas las gestiones que sean necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo en la planta de bioetanol actualmente existente en el municipio salmantino de Babilafuente.
La planta, propiedad de la empresa Abengoa, emplea directamente a 85 trabajadores repartidos en diferentes secciones de la fábrica. A esta cifra hay que sumar la gran cantidad de puestos de trabajos indirectos cuya actividad está directamente con esta planta. Así, solo en las contratas que prestan sus servicios a diario en la fábrica existen otros 40 puestos de trabajo más, que con el preconcurso de acreedores presentado por Abengoa se encuentran en riesgo, junto a los 85 directos que emplea la sociedad.
Además un posible cese de actividad implicaría que los sectores asociados a la vida de la planta se resientan, con un aumento mayor del desempleo en la comarca de las Villas, en la provincia de Salamanca e incluso en otras de la Comunidad Autonómica de Castilla y León.
Para entender el gran impacto que tendría un posible cese de la actividad, hay que tener presenta el gran volumen de cereal que emplea esta planta para su producción diaria. Un día normal de producción se traduce en una capacidad de procesar en torno a 1.500 toneladas de cereal, lo que supone que en las instalaciones entren unos 110 camiones de cereal diarios para mantener activa la producción.
Junto a ello, la partida por camión- cisterna del etanol y del subproducto generado (ddg) supone un tráfico diario de unos 40 camiones, a los que hay que añadir otros 24 camiones más de CO2 generado en el proceso de fermentación del etanol, el cual es embotellado por una empresa auxiliar que genera más puestos de trabajos.
Todo ello suma cerca de 180 camiones de tránsito diario vinculado a la actividad de esta planta, un número que puede ser superado ciertos días, ya dependiendo de si como consecuencia del proceso hay que retirar residuos o recepcionar productos químicos, algo que se hace por transporte terrestre.
Aparte del transporte terrestre por camión, también se realiza transporte por tren de productos vinculados a la planta.
Todos estos datos muestran que un posible cierre de esta planta supondría la desaparición de muchos puestos de trabajo en el sector transporte, con el impacto negativo añadido en el sector servicios de la comarca (hostelería o estaciones de servicio) que se vería seriamente perjudicado si desaparece la actividad económica que genera la planta en la actualidad.
De igual modo, advierte el PSOE, habría que tener presente el enorme impacto negativo que supondría un posible cierre en el sector de la agricultura, con grave perjuicio para agricultores y almacenistas. Es muy difícil calcular la gran cantidad de personas perjudicadas si se diera el caso de cese de actividad, ya que buena parte de la producción de maíz de Castilla y León está reservada para la producción de la planta, alcanzando también a las producciones de otras comunidades autónomas.
En las últimas fechas se ha producido la reducción de la plantilla de las contratas en ocho personas, a las que hay que sumarles otros nueve trabajadores despedidos más de una sociedad del grupo de empresas a la que pertenece la planta de bioetanol, dedicados a I+D+i con el fin de optimizar procesos y generar formulas nuevas para producir etanol de forma más eficiente y respetuosa con el medioambiente y contribuir a un mantenimiento sostenible, que prestaban sus servicios en la planta.
A juicio del PSOE es reprochable que Junta y gobierno regional hayan permanecido impasibles ?sin tomar partido ni promover acción alguna encaminada a evitar la pérdida de empleo y el cese de la actividad?.
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