Las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, han coincidido en su alarma por el proceso de deterioro al que se está sometiendo al sistema público y por la deriva hacia su privatización.
Desde que la Junta de Castilla y León publicó el Decreto 57/2014, de 4 de diciembre, para regular la implantación de las Unidades de Gestión Clínica, las plataformas han venido estudiando el significado de los profundos cambios que representa este nuevo modelo organizativo en el Sacyl y las repercusiones que tiene para la población usuaria y el propio personal sanitario. Por ello, han acordado pronunciarse públicamente al respecto.
En primer lugar, consideran que las Unidades de Gestión Clínica priman el ahorro en el gasto sanitario por encima de los resultados en salud. ?Con el pretexto de lograr una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la organización y gestión de los servicios, organizados en Unidades con una supuesta mayor autonomía e independencia, vemos detrás una intención de hacerles cómplices del poder político en los recortes sanitarios, el gasto sanitario público de 2014 es 10.000 millones de euros más bajo que en 2009?.
Además, coloca a los profesionales sanitarios en un dilema ético-deontológico, porque cobrarán más, mediante incentivos, si gastan menos con las personas que atiendan. Y se pone en riesgo la atención de las personas más enfermas, más necesitadas del sistema sanitario y, por tanto, más incómodas por el mayor coste que representan para unos servicios que funcionarán como microempresas, atentas a una cuenta de resultados favorable.
La plataforma insiste en que estas unidades son el certificado de defunción de la participación de la ciudadanía en el control de su sistema público de salud, porque no se contempla ningún cauce de intervención por los usuarios en la nueva organización de las Unidades de Gestión Clínica. ?Es el final de la Atención Primaria, fundamentada en los conceptos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, actividades sin relevancia alguna en este modelo?, añaden.
Para la plataforma en defensa de la sanidad pública, no hay constatación de que el modelo de Unidades de Gestión Clínica comporte algún beneficio para los pacientes. ?Del largo recorrido que tienen ya en Andalucía o Asturias y de las dos experiencias piloto que hubo en Castilla y León, no se conocen evaluaciones transparentes y de calidad, tanto en términos económicos como por sus resultados en salud, que hagan plausible una generalización del modelo. Consideramos que se trata de una decisión política neoliberal, una más de las que se vienen tomando para acabar con los servicios públicos en manos del Estado?, manifiesta.
Por eso, hace un llamamiento a usuarios y trabajadores ?para sacudirse la pasividad y defender activamente nuestra sanidad pública y nuestro derecho a la salud, informándose y participando en todo tipo de organizaciones y colectivos ciudadanos que, como nuestras Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, pretenden poner freno al desmantelamiento del Servicio Público de Salud y mejorarle?.
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