Ignacio Paredero, de Unidos Podemos, considera imprescindible el consenso para la reforma constitucional

El secretario general de la organización en Salamanca ha recalcado la importancia de la Constitución, aunque reconoce la dificultad para llegar a un acuerdo debido a la propia rigidez del documento y al poder de veto del Partido Popular.

 Ignacio Paredero, elegido secretario general de Podemos Salamanca
Ignacio Paredero, elegido secretario general de Podemos Salamanca

Este 6 de diciembre se cumplen 39 años de la Constitución, que según Paredero, “con sus limitaciones, fue un consenso entre todos”. Destaca que, a día de hoy, algunos artículos relacionados con los derechos sociales no se están aplicando y otros sufren de recortes, por lo que no se garantiza su cumplimiento. Algunos de los que menciona son el de derecho a la vivienda, al trabajo, a la igualdad, a la progresividad fiscal o a la libertad de expresión.

A pesar de que el secretario general ve la reforma como necesaria, también admite que lo “ve complicado”, debido a la rigidez del propio texto, que requiere un acuerdo de los dos partidos mayoritarios, que se pone más difícil por el momento convulso en el que se encuentra la política española.

Es por eso, que cree en una reforma profunda: “debería tener como mínimo el consenso que tuvo en su momento”. Recordemos que en 1978 hubo 325 diputados a favor del proyecto y solo 20 que se abstuvieron o votaron en contra. Un acuerdo “problemático” a día de hoy, por el poder de veto del Partido Popular, que no cree necesarios cambios.

Respecto a las reformas que propone Unidos Podemos destacan el cambio del Senado, que en palabras de Paredero, “no sirve para nada porque no es una cámara de representación territorial”. También abordarían el sistema electoral, que consideran que “favorece a los partidos mayoritarios aumentando la desproporcionalidad”.

En lo relativo al modelo territorial, el partido todavía trabaja en las medidas, sin embargo, el secretario admite que el modelo no está funcionando porque los ciudadanos no tienen la percepción de que haya una igualdad de derechos y servicios públicos entre comunidades.

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