Equo critica la solución tomada en torno a El Corte Inglés y pide que sea el centro comercial el que compense a la ciudad

Equo critica la solución tomada en torno a El Corte Inglés y pide que sea el centro comercial el que compense a la ciudad

Dicen que la solución es "ilegal, fraudulenta y pone en riesgo los puestos de trabajo del establecimiento comercial" y emplaza a los Tribunales de Justicia la decisión sobre ello

Equo critica el acuerdo en torno a El Corte Inglés para solucionar su situación alegal consistente en modificar 'in extremis' el Plan General de Ordenación Urbana cuando faltan tres meses para que se cumpla el plazo de dos años que otorgó la Junta. 

Para ellos, esta solución es "ilegal, fraudulenta y pone en riesgo los puestos de trabajo del establecimiento comercial", ya que, según comentan "pretende consolidar una situación parcelaria y de edificabilidad que los tribunales han declarado, en las numerosas ocasiones en que se han pronunciado, que se ha producido en contra del interés público". Se quejan, además, de que El Corte Inglés ha obtenido un exceso de edificabilidad cifrado en 20.000 metros cuadrados. 

Es fraudulenta, a juicio de Equo, "porque en lugar de hacerle pagar a El Corte Inglés, esa compensación se hace recaer sobre el Ministerio de Defensa expropiándole 14.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial y a cambio no se obtiene nada útil para la ciudadanía pues es falso decir que se obtendrá un equipamiento para innovación y emprendimiento o una residencia para personas mayores.

Pone en riesgo, además, los puestos de trabajo porque la modificación del PGOU tiene "muchas posibilidades de que sea anulada por los Tribunales y porque la ejecución de las sentencias judiciales se reanudará", a juicio del partido político.

Así, para Equo, la solución a esta situación solo pasa porque El Corte Inglés compense a la ciudad por "el expolio tanto del solar como del exceso de edificabilidad, incluyendo en el ámbito de la necesaria modificación del PGOU un espacio para el uso público y el disfrute directo de la ciudadanía sin gran inversión, solución que garantiza la permanencia del centro comercial y de los puestos de trabajo. A partir de ahora serán los Tribunales de Justicia los que tengan la última palabra".

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