CSIF resalta la precariedad del empleo de las administraciones públicas, en especial, en el sector sanitario

CSIF resalta la precariedad del empleo de las administraciones públicas, en especial, en el sector sanitario

Aseguran que se trata del peor enero en los últimos cuatro años, debido a los 17.800 efectivos que han perdido las administraciones

Las administraciones públicas han perdido un total de 17.818 efectivos con el comienzo del 2018 (- 6.181 en el sector de administraciónpública; -1.613 en la Educación y -10.024 en la sanidad), lo que supone el peor dato de destrucción de empleo en enero de los último cuatro años, según ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de los datos de la Seguridad Social conocidos hoy.

Esta cifra pone en evidencia “la precariedad en el empleo de nuestras administraciones públicas, principalmente ligado a los niveles de interinidad, que no es razonable en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y protección social”. Esta situación pone de manifestó, según el sindicato, de la necesidad de desarrollar el plan de estabilización en el empleo que se firmó el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda.

CSIF, por su parte, trasladará su preocupación al titular de este ministerio, Cristóbal Montoro, en la reunión que se celebrará el próximo lunes, donde señalará la necesidad de agilizar las ofertas de empleo público en todas las administraciones.

CSIF llama la atención sobre el dato registrado en el sector sanitario. Los 10.000 empleos que se pierden en enero, elevan a 60.000 el número de puestos de trabajo destruidos desde el final de verano, una cifra que no se concibe teniendo en cuenta la presión asistencial que se afronta estos días por las enfermedades ligadas al invierno.

En este sentido, CSIF reclama al Gobierno que unifique criterios con las comunidades autónomas para garantizar que se estabilicen todas las plazas previstas y que garantice el desarrollo de las ofertas de empleo público, mediante la aprobación de un decreto en el Congreso de los Diputados, en el caso de que no sea posible aprobar unos presupuestos para el próximo año.

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