El pleno del Consejo Social de la Universidad de Salamanca ha aprobado la modificación del Manual de Control Interno, por el que asume la dependencia funcional del Servicio de Control Interno de la Universidad y se cumplen de este modo las recomendaciones formuladas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y del Tribunal de Cuentas.
El Consejo Social de la Universidad de Salamanca es el décimo de las universidades españolas en asumir esta competencia y el segundo de Castilla y León, ya que la Universidad de León lo ha hecho en este mismo ejercicio. Se ha tardado más de 30 años en hacer efectiva esta competencia, que ya reguló la Ley Orgánica de Reforma Universitaria del año 1983.
Las principales modificaciones incorporadas al nuevo Manual de Control Interno incluyen las siguientes cuestiones:
- Dependencia: el Servicio de Control Interno dependerá orgánicamente del rector y funcionalmente del Consejo Social.
- Operativas: Mayor protección y autonomía al Servicio. Control de la fiscalización previa del sistema de contratación de la Universidad de Salamanca por parte del Consejo Social.
Además, el Consejo Social asume la competencia de resolución de conflictos entre el órgano fiscalizado y el órgano fiscalizador; asume la fiscalización de las inversiones de la USAL y podrá realizar controles financieros aleatorios en atención a las características especiales de las actividades desarrolladas.
El Pleno del Consejo Social también aprobará todos los informes emitidos por el servicio de Control Interno y se remitirá copia al rector. El seguimiento de los informes será realizado por la Comisión Económico-Financiera del Consejo Social. El Pleno del Consejo Social aprobará el Plan de Trabajo del Servicio de Control Interno y la Comisión Económico-Financiera del Consejo Social podrá recabar informes de auditorías extraordinarias de unidades y temas determinados.
Por otra parte, el pleno del Consejo Social ha abordado la liquidación de cuentas anuales de la Universidad de Salamanca en el ejercicio 2018. La Universidad cierra con todos los indicadores de solvencia económica en positivo: ha registrado un superávit de 3,7 millones de euros y no ha superado el techo de gasto de 244.262.844,28 € aprobado por el Consejo Social al haber sido la cifra del Crédito total de gasto en 2018 de 223.652.540,54€, 20.610.303,74€ menos. Posteriormente, el pleno del Consejo Social contará con la correspondiente auditoria para la aprobación de las cuentas.
En el ejercicio de 2018 se han reducido en 1.154.239,55 € los remanentes totales de la Universidad, que han pasado de 29.343.303,09 € en el ejercicio de 2017 a 28.189.063,54 €, debido a que la Universidad ha cambiado el modelo presupuestario, de uno restrictivo durante los años de la crisis a uno expansivo.
Solicitud de un nuevo contrato programa de financiación del sistema público de enseñanza superior
A la vista de estas cifras, el pleno acordó por unanimidad solicitar de la Junta de Castilla y León que proceda a redactar un nuevo contrato programa de financiación del sistema público de enseñanza superior. El contrato programa deberá de tener en cuenta las necesidades de financiación, presentes y futuras, de las universidades de la comunidad, así como las peculiaridades de cada una de ellas. El último contrato programa firmado entre la Universidad y la Junta fue aprobado por el pleno del Consejo Social el 14 de junio de 2007 y estuvo vigente hasta el año 2010. Con esta solicitud, se intentará evitar situaciones de deficiencias financieras estructurales en el sistema universitario de Castilla y León.
Acuerdos sobre personal
El pleno del Consejo Social ha aprobado la última fase de implementación del acuerdo de 27 de mayo de 2016, sobre el “proceso para la homogeneización de las jornadas de los puestos de trabajo del mismo nivel”, firmado entre la Gerencia de la Universidad y la Junta de Personal del Personal de Administración y Servicios Funcionario; así como las nuevas denominaciones y definición de competencias y conocimientos de ciertos puestos de la Relación de Puestos de Trabajo, dado que muchas de las funciones y competencias de estos puestos se definieron en la década de los 80 del siglo pasado.
Tomas de posesión
Para finalizar, han tomado posesión como nuevas vocales del Consejo Social Laura Mayo Velayos, representante Comisiones Obreras y que sustituye a Natividad Ortiz Albear, y Antonia Isabel Guerrero Jiménez, representante de la Unión General de Trabajadores y que sustituye a José Luis Hernández Rivas.
