Los decanos de Artes y Humanidades, en representación de sus facultades, han dado a conocer la llamada Declaración de Salamacna, un documento elaborado en la reunión celebrada los pasados días 21 y 22 de marzo en la que participaron más de 40 decanos de todas las universidades de España. En este manifiesto leído en las escaleras del Palacio de Anaya han dejado claro su rechazo a la reforma universitaria que implanta el formato de 3+2, "un atentado contra la enseñanza pública", y han anunciado que no se va a aplicar en los departamentos indicados. Consideran, en palabras del decano de la Facultad de Filología, Vicente González, que este responde a favores a las universidades privadas en contra del servicio público. 

La solución propuesta es la vuelta al anterior Real Decreto al que, según ellos, no se le ha dado el demasiado tiempo para saber si funciona. El cambio, además, ha llegado sin el consenso necesario, "sin tener en cuenta a los alumnos". Vicente González, en sus palabras a los medios, reclamaba la equiparación de tasas entre grados y másteres y entre las diversas regiones. Para ello consideran necesario un pacto de Estado que dé solidez y continuidad a la educación y consensos amplios para cualquier modificación existencial de la misma. 

Otras reivindicaciones van destinadas a la investigación, donde se consideran en peores condiciones que las carreras de ciencias. También han criticado el aumento de tasas, algo que, sin embargo, según Vicente González, no ha implicado un descenso del alumnado. En cambio, sí se han perdido profesores y las tasas de reposición de los mismos, para los decanos, solo han ido orientadas a la reducción del gasto sin preocupar la calidad de la enseñanza. El Personal de Administración y Servicios se ha visto reducido también por lo que las tareas que deben acometer, cada vez más abundantes, se ofrecen con un mayor retraso y menos calidad. 

DECLARACIÓN DE SALAMANCA

1) Demandamos un compromiso en la defensa de la universidad pública y expresamos nuestra oposición a la tendencia, cada vez más frecuente, a la externalización y privatización de la gestión, basándose en la falsa pretensión de eficacia y rentabilidad de este sistema y estableciendo una sinuosa, persistente y falsa dicotomía entre lo público, sinónimo de ineficacia, y lo privado, de rentabilidad y eficacia.

2) Demandamos la equiparación de los presupuestos de educación e investigación a la media de la Unión Europea, ya que la reducción continuada de las asignaciones presupuestarias a las universidades públicas y la constante incertidumbre en esta materia han mermado la capacidad de actuación y han impedido una gestión adecuada.

3) Demandamos un adecuado relevo generacional entre el profesorado, frente a las políticas de recortes de estos últimos años que han supuesto la marcha de numerosos profesores de la universidad pública por jubilaciones o por falta de perspectivas de promoción. Las tasas de reposición se han convertido en un instrumento encubierto orientado únicamente a la reducción del gasto, que conducirá inevitablemente a medio y largo plazo a la desaparición de centros y de titulaciones ante la falta de profesores. Por otra parte, esta política ha impedido la incorporación adecuada de profesorado en formación, siendo sustituido por una mano de obra precaria y barata, y ha cercenado la promoción de los docentes, acabando, de hecho, con la carrera académica.

4) Demandamos una dedicación similar de todo el Personal Docente e Investigador a tiempo completo en las universidades públicas. Esto implica la derogación del artículo 2.a y b. del Real Decreto 14/2012, y el reconocimiento de la actividad investigadora a los solos efectos económicos, según el R.D. 1086/1989, pues la situación actual de la valoración de la investigación a través de los llamados sexenios o tramos de investigación es un fenómeno anómalo prácticamente en toda Europa y, más que contribuir al incremento cuantitativo y cualitativo de la producción científica en España, ha convertido la investigación en una tarea predominantemente formal, donde los indicios de calidad y los índices de impacto -muchas veces manipulados o dirigidos- han sustituido a la libre investigación y a la originalidad y han desterrado los contenidos y las tesis consistentes, que son los elementos que caracterizan al verdadero conocimiento científico. Por otra parte, este sistema ha creado frustración por muchas valoraciones incomprensibles, poco objetivas o rigurosas en demasía, sobre todo en las áreas de Artes y Humanidades, donde se imponen criterios valorativos aptos sólo para otros campos científicos.

5) Demandamos la suspensión, por parte del Gobierno de España, del Real Decreto 43/2015, y, de no ser así, no llevarlo a efecto por parte de las universidades, en lo relativo a la posible estructuración de las enseñanzas universitarias en grados de tres años y másteres de dos años. Nuestra exigencia se basa en que los motivos que sustentan este Real Decreto son falaces y suponen, una vez más, un atentado contra la enseñanza universitaria pública. Dicho Real Decreto se ha realizado en un contexto en el que todavía se están acreditando los actuales grados sin tiempo apenas para efectuar un diagnóstico y una evaluación consistente de los planes de estudio vigentes; no ha tenido en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria en su conjunto; altera las competencias actuales de grados y títulos; no contempla la posibilidad de que se cuente con másteres adecuados; encarece los estudios, vulnerando con ello la igualdad de oportunidades al no garantizar la posibilidad de cursarlos a todo el alumnado; plantea problemas técnicos de reconocimiento de créditos y, sobre todo, degrada, el nivel de la enseñanza universitaria.

6) Demandamos la equiparación de las tasas universitarias de grado y máster entre sí y entre las diferentes Comunidades Autónomas, y la dotación del número necesario de becas con la cuantía justa para evitar la quiebra del derecho constitucional a la igualdad de oportunidades.

7) Demandamos que cesen los excesos de intervencionismo de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de la nación en la Universidad, retomando el genuino significado de autonomía universitaria que el artículo 27, 10, de la Constitución Española confiere a la Universidad.

8) Demandamos el cese de la burocratización creciente de la labor universitaria, que agobia la gestión de los centros universitarios y que ha incidido en un incremento desmesurado de las tareas administrativas del P.D.I., en detrimento de las docentes e investigadoras.

9) Demandamos un cambio sustancial de la situación del Personal de Administración y Servicios de la Universidad, que también ha ido disminuyendo de manera alarmante, mientras que se incrementaban las tareas administrativas. Esta circunstancia ha repercutido en el retraso de las gestiones y en el deterioro de la calidad del servicio público, además de crear un clima de descontento y de desmotivación en este colectivo. Es, por ello, imprescindible y urgente dotar a las unidades administrativas de los Centros, fundamentalmente, de personal suficiente y cualificado y de medios técnicos adecuados.

10) Demandamos un compromiso de diálogo y voluntad de alcanzar consensos entre todos los actores del sistema universitario español para cualquier modificación sustancial o estructural que le pueda afectar. Los Decanos de Artes y Humanidades abogamos por un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas que confiera solidez y continuidad al ámbito formativo universitario y que mantenga, respetando la diversidad, unos rasgos/requisitos mínimos homogéneos para las titulaciones, independientemente de los centros y Comunidades Autónomas donde se impartan.

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