El Defensor del Pueblo da la razón a la Clínica Jurídica de Acción Social de la USAL en su informe sobre la protección internacional de los migrantes

El organismo que dirige Ángel Gabilondo ha trasladado su dictamen a la Dirección General de la Policía, a la Dirección General de Política Interior y a la Tesorería de la Seguridad Social

COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

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El Defensor del Pueblo da la razón a la Clínica Jurídica de Acción Social de la USAL en su informe sobre la protección internacional de los migrantes
El Defensor del Pueblo da la razón a la Clínica Jurídica de Acción Social de la USAL en su informe sobre la protección internacional de los migrantes

La Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca ha recibido la respuesta del Defensor del Pueblo a la queja que presentada en julio de 2021 a raíz del Informe que realizaron los estudiantes de la Línea de Migrantes y Derechos. En su resolución, firmada por Ángel Gabilondo, se reconoce la validez de la denuncia presentada, anunciando que ha procedido a hacer los correspondientes recordatorios legales a la Dirección General de la Policía, a la Dirección General de Política Interior y a la Tesorería de la Seguridad Social.

El Informe elaborado por la Clínica Jurídica de Acción Social trataba sobre los efectos suspensivos de los recursos presentados ante las resoluciones denegatorias de protección internacional, y se elaboró en colaboración con las entidades con las que trabajan: Fundación Cepaim, YMCA; ACCEM, Salamanca Acoge, Cruz Roja y Cáritas.

En informe se ponía de manifiesto que la no incorporación de las directivas de protección internacional (32/2013 y 33/2013) al ordenamiento jurídico español supone para los solicitantes de protección internacional que ven denegada en primera instancia su solicitud una situación complicada puesto que, aunque recurran, la interposición del recurso no conlleva la suspensión automática de la resolución. Esto les aboca a tener que abandonar el país y a dejar de disfrutar de los derechos que en virtud de las directivas deberían seguir teniendo, entre ellos el derecho al trabajo, durante el tiempo en que se tramitan los recursos.

Los estudiantes realizaron un trabajo de Derecho comparado por el que pusieron de manifiesto que únicamente España y Hungría incumplen lo dispuesto en estas directivas, habiendo sido condenada Hungría por esta circunstancia en diciembre de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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