El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha clausurado el XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, enmarcado en la programación del VIII Centenario del Estudio salmantino.
El XIII Congreso de la Asociación Española de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), que se ha celebrado entre ayer y hoy en la Universidad de Salamanca con motivo del octavo centenario de su fundación, ha reclamado mejoras en el ordenamiento jurídico para que la legislación en materia de ciencia se adapte mejor a las necesidades actuales de la sociedad. En la segunda sesión de este encuentro, que se ha desarrollado bajo el título "Libertad de creación científica", se ha señalado que "la propia legislación que promueve la investigación amenaza a la creación científica", ya que "la legislación quiere orientar promocionar la ciencia en beneficio del interés general, pero tiene un efecto contrario".
Los ponentes de la segunda sesión dedicada a la "Libertad de creación científica", Dionisio Fernández de Gatta, de la Universidad de Salamanca, y Mercé Darnaculleta, de la Universitat de Girona, han recordado que el "riesgo" llega del rápido avance de la sociedad actual "porque está dominada por la tecnología y, por tanto, una excesiva institucionalización de la ciencia puede tender a transformar al investigador en empresario". Y, a renglón seguido han apuntado que "la universidad española queda lejos de aquella universidad que permitía qué investigar y sin tener plazos". Y, por último, en esa segunda sesión se ha pedido "no olvidar los principios filosóficos de la ciencia".
LA INNOVACIÓN DEPENDE DE LA INVERSIÓN
La tercera sesión del XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo ha estado dedicada a la "Ciencia e innovación". Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, ha explicado que "la sociedad en su conjunto, cerca del 90%, cree que la innovación es buena". Galán ha afirmado que "los expertos creen que los principales problemas de la innovación en España es la falta de financiación suficiente por parte de los agentes financieros, que las empresas tampoco lo hacen, que el sistema educativo tampoco favorece esa innovación y, además, la normativa es un obstáculo para la transferencia de las universidades a las empresas".
En la tercera sesión se ha indicado que "el término innovación se ha generalizado y se ha banalizado". Galán ha indicado que la Universidad debe afrontar el reto de innovar "para mejorar la calidad del resultado del servicio público", pero ha añadido que "la innovación universitaria depende del contexto, de la inversión que se hace en conocimiento, del marco normativo y del marco organizativo que apoye la innovación en la universidad".
Por su parte, la segunda ponente de la sesión, Julia Ortega, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha abordado el asunto de la transferencia de conocimiento y se ha preguntado "si la actividad de transferencia está protegida por el derecho fundamental de libertad de creación científica". Ortega ha recordado que la Ley de la Ciencia vigente incluye el trabajo creativo y que "cuando se transfiere se investiga". En este punto, la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, ha afirmado que al transferir conocimiento "hay que respetar las normas de competencia porque si no se transfiere a precio de mercado se está dando una ventaja a las empresas que contratan con la universidad". Ortega, por último, ha solicitado "un marco jurídico más estable, menos cambiante".
RESTRUCTURAR FUNCIONES
La cuarta sesión, dedicada a "La Universidad entre la dirección académica y la gestión universitaria", ha comenzado con una exposición de Manuela Mora, de la Universidad de Huelva, que afirmado que "la autonomía universitaria, como marco de libertades académica, es una pieza clave para los fines de la universidad". Pero ha señalado que la inclusión y el incremento de fundaciones y otras estructuras similares en la Universidad "pueden dejar vacías de contenido otras estructuras por eso debería haber una restructuración de funciones". Por eso, aunque ha reconocido que "hay voces reclamando un aligeramiento de las estructuras de la universidad, las universidades han de ejercer sus potestades y decidir cómo es su organización en función de su realidad".
A continuación ha intervenido Miriam Cueto, de la Universidad de Oviedo, que ha reflexionado cuáles son las normas universitarias, sobre los órganos competentes para llevar a cabo esa capacidad organizativa. Cueto ha analizado también el modo de abordar esa organización y ha afirmado que "no puede haber un procedimiento a la carta para cada una de las universidades". y ha añadido que "si las universidades quieren avanzar hacia la excelencia tienen que avanzar también en el principio de transparencia y adoptar normas jurídicas de calidad".
José Antonio Tardío, de la Universidad de Elche, también ha participado en esta cuarta sesión y ha propuesto que se otorgue la competencia sancionadora a órganos colegiados de la universidad que sean nombrados directamente por el claustro universitario por una mayoría cualificada.
La última ponente de esta última sesión ha sido Nuria Magaldi, de la Universidad de Córdoba, ha versado sobre las relaciones internacionales de las universidades y ha expuesto casos como el de una universidad pública española que tiene un acuerdo con la universidad de Prístina, en Kosovo, estado que no está reconocido por España. Magaldi ha señalado que los convenios específicos que celebran las universidades se ajustan a los tratados internacionales de cooperación educativa que celebra España con casi todos los estados del mundo. El problema, según Nuria Magaldi, surge en la tramitación de esos acuerdos por parte de las universidades porque ha asegurado que "el legislador se ha olvidado de las universidades al delimitar el régimen jurídico de la intensa actividad internacional que desarrollan".
En la clausura, el presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Fernando López Ramón -catedrático de la Universidad de Zaragoza-, ha alabado la función de los relatores y la calidad de los debates "porque se ha discrepado sin discutir". El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha agradecido la presencia de varios portavoces de Educación en el Congreso y el Senado "por el interés mostrado durante las sesiones". El secretario general de Universidades del ministerio de Educación, Jorge Sáinz, ha señalado que "la Universidad necesita un Derecho Administrativo para que la Universidad sea inclusiva y permita un funcionamiento claro, transparente y que funcione bien". Ha asegurado que el ministerio de Educación estará atento a las conclusiones del XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo "porque la Universidad española es buena, muy buena, pero tiene que ser mejor, porque así mejorará el país".
