Así lo han indicado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, y el nuevo presidente de la CRUE, Manuel López, tras la última reunión del Consejo de Universidades.
Según Gomendio, se va a constituir un grupo de trabajo para analizar los problemas relativos a la contratación de profesorado consecuencia de las limitaciones en la convocatoria de empleo público, que empezará a trabajar después de Navidades. Estará formado por representantes de Educación, de la CRUE y es posible que también del Ministerio de Hacienda.
En declaraciones a los medios de comunicación, el propio rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, ha explicado que “uno de los objetivos de esta comisión sería estudiar qué modificaciones normativas habría que poner en marcha a fin de que las universidades pudieran manejar con más flexibilidad su plantilla, siempre dentro del cumplimiento del déficit presupuestario”.
Tales conclusiones estarían sujetas a “supervisión” para garantizar el cumplimiento del déficit, algo de lo que se pueden ocupar las comunidades autónomas, afirmó.
En la reunión, la CRUE expresó al ministerio “su preocupación” ante “los problemas” que la restricción al 10% de la tasa de reposición de empleo público supone para la universidad.
López subrayó que esto afecta a toda la plantilla y al funcionamiento académico (no se pueden pasar profesores de los departamentos con más personal a los deficitarios) y, sobre todo, al profesorado más joven y a los nuevos que quieren ingresar en la docencia y en la investigación.
Por ello, transmitió al ministro la necesidad de elevar dicha tasa de reposición y, “como tenemos que cumplir con los mismos criterios que todo el sector público y no es posible”, pidió “flexibilizar la capacidad de contratación de las universidades, siempre que “en conjunto no se altere la masa salarial comprometida”.
Acuerdo con el Ministerios
A estas propuestas se mostró favorable Gomendio, quien recordó que su departamento intentó que la tasa de reposición del empleo público se elevase al 30% en este sector, un extremo que resultó inviable. “Sí conseguimos en cambio el 10% para la universidad e incluir en este terreno a los contratados doctores”, recalcó.
En consecuencia, y aunque dijo que seguirán intentando aumentar dicho margen, las propuestas de su departamento pasan por “buscar fórmulas” que permitan más autonomía a la hora de tomar decisiones relativas a la contratación de personal.
Una de ellas consistiría en dotar de más libertad a las universidades de cara a la oferta de plazas siempre que respeten el presupuesto asignado (como pide la CRUE) y la otra, “de carácter más técnico”, tendría que ver con la forma en que se contabilizan los puestos ocupados por promoción interna “aunque salgan a concurso” en el cómputo del empleo público.
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