Se presumía que la organización del octavo centenario de la Universidad de Salamanca atravesaba por una situación en la que se reclamaba mayor implicación por parte de las instituciones y administraciones. El propio rector de la institución académica, Daniel Hernández Ruipérez, se pronunció a primeros de mes diciendo “que las instituciones, en cierta manera, no sé si se han olvidado completamente pero no parece que tengan entre sus prioridades la celebración de la efeméride del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca para el próximo 2018. Esperamos que las administraciones rectifiquen y vuelvan a colaborar con la oficina del octavo centenario (encargada de la organización) y con la Universidad y nos ayuden a poner en marcha todos los proyectos”.

 

Sentir que también fue recogido por el Partido Socialista. Éste denunció días atrás que hacía dos años que no se convocaba la Comisión Interinstitucional para la conmemoración del octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca. Por ello, urgió una proposición no de Ley ante las Cortes de Castilla y León para que este paso se diera ya que lo consideran vital para avanzar en la organización y coordinación de esta importante efeméride. Un órgano que tiene como objeto impulsar, canalizar y coordinar las actividades que se lleven a cabo, con relación a tal evento, las administraciones públicas y las entidades públicas o privadas, así como los particulares que participen en la conmemoración.

 

Este viernes, 28 de febrero, la diputada por el Partido Popular en Salamanca, María Jesús Moro, ha prometido para 2015 dinero para la conmemoración de los ochocientos años de la creación como institución académica de la Universidad de Salamanca. En este sentido ha afirmado que el Gobierno está en la idea de conmemorar dicha efeméride y que se siguen dando pasos para que así sea. “Este será un objetivo del Gobierno de España y en el momento adecuado”, ha subrayado. Ahora, todo pende de la inclusión de los beneficios fiscales en los presupuestos generales para el Estado de 2015 que podría dar luz verde definitiva a la celebración de los actos.
 

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