Los profesores de los centros periféricos de la USAL se sienten "más desamparados que nunca"

Consideran que la nueva normativa para regular los cambios de adscripción - concurso de traslados- que aprobará la Universidad "perjudica notablemente a los profesores, no así al personal de administración y servicios"

‘Crisis social y futuro de las universidades pospandemia’, a debate en una nueva actividad de Alumni-USAL
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Malestar entre el colectivo de profesores de los centros denominados 'periféricos' con el equipo de Gobierno de la USAL porque quiere aprobar una nueva normativa para regular los cambios de adscripción, más conocido como concurso de traslados. 

Algunos de estos profesores explican que esta nueva normativa -con modificación del título III de los criterios reguladores de las adscripciones a áreas, departamentos y centros de las comisiones e servicio-  "perjudica notablemente a los profesores, no así al personal de administración y servicios, porque éstos últimos tienen regulado un sistema por el que siguiendo los principios de mérito y capacidad que deben regir en toda administración pública, tiene garantizado su derecho a cambiar de centro de adscripción sin que ningún órgano tenga que dar su aprobación".

La nueva normativa que pretende aprobar la Universidad de Salamanca supone, aseguran, "que para que un profesor contratado doctor, titular o catedrático pueda optar al cambio de adscripción de centro lo tienen que aprobar el centro de origen, el centro de destino y el consejo de departamento". Sin embargo, con la normativa anterior no era necesario, y el cambio de adscripción era 'automático' si se cumplían los criterios.

Esta normativa, que está creando malestar y alarma, "va a generar muchas tensiones y conflictos en el seno de los departamentos, las escuelas y facultades, porque se puede conceder a unos profesores y a otros no en función de sus amistades, enemistades, afinidades, contactos, petición y pago de favores…Todo esto creará un clima muy negativo que en ocasiones perdurará durante años. Dejar estas decisiones en manos de los departamentos está generando serios problemas porque los criterios empleados en unos y otros son heterogéneos y no siempre justos, incluso llegando a conculcar la legalidad. Hay profesores que tuvieron que cambiar de adscripción obligatoriamente por la normativa anterior y ahora será casi imposible que vuelvan a Salamanca. Si esta normativa está encaminada a pagar favores o resolver problemas puntuales, flaco favor nos están haciendo al resto de profesores", manifiestan.

Se olvida el rectorado, añaden, "que el profesorado tiene que emplear su tiempo en impartir sus clases e investigar y verse inmersos en este tipo de conflictos les roba muchísimo tiempo y energía que restan a su actividad y que en casos deriva en problemas médicos. Señores gestores de la Universidad de Salamanca, ninguna empresa privada despilfarraría sus preciados recursos humanos de esta manera, pero como es una entidad pública y 'el dinero no es de nadie'...".

 



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