El ‘Caso Cifuentes’ parece no tener fin. Tras las informaciones destapadas por el medio digital eldiario.es en el que se ponía de relevancia las irregularidades cometidas en la obtención del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos I por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora salen a la luz nuevos datos sobre nuevas posibles anomalías.
Y es que el mismo periódico digital lanza este martes, 10 de abril, que Cristina Cifuentes aprobó tres asignaturas de dicho máster con firmas de profesores falsificadas. Entre esas signaturas se encuentra la de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo.
Las actas donde vienen recogidas estas firmas, que convalidan, tras una reunión de una Comisión de Garantía de Calidad la cuarta parte de las materias de los estudios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron creadas en mayo de 2012 y cuentan con membrete y sello oficial. Sin embargo, eldiario.es afirma que un informe pericial corrobora que cinco de las seis firmas fueron falsificadas, entre ellas la de la profesora de la USAL.
La catedrática de Derecho Constitucional, que ha declinado responder directamente a SALAMANCA24HORAS, sí ha manifestado a través de terceros que se encuentra estudiando emprender acciones legales, y se ha reafirmado en las declaraciones que ayer emitió a eldiario.es, en las que aseguraba que esa no era ni su firma ni su letra, que desconocía saber qué es la Comisión de Garantía de Calidad a la que hace referencia el documento, que en ningún momento fue avisada por el Instituto de Derecho Público de la universidad madrileña, al que pertenece, de que iban a usar su firma y que “no sospechaba ni por lo más remoto que en nombre de otra persona se firmaban documentos sin hacérselos llegar a la afectada”.
Ángela Figueruelo, vocal de la Junta Electoral Central, también confirmó a dicho medio digital que nunca ha impartido asignaturas en el máster cursado por Cristina Cifuentes y limita las relaciones que ha mantenido con cuatro de los profesores implicados a “colaboraciones científicas”, reseñando que tanto ellos (Enrique Álvarez Conde, catedrático que dirige el Instituto de Derecho Público; Cecilia Rosado, directora del polémico máster; y Clara Souto, que aparecía en la primera versión de la URCJ como parte del tribunal del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes) han acudido a la USAL a impartir conferencias, así como también ha ido la profesora Figueruelo, “dentro de la legalidad más absoluta”.
