La Universidad de Salamanca cerró el ejercicio 2018 con un resultado contable positivo cercano a los cuatro millones de euros y un superávit presupuestario de casi 3, 275 millones de euros, tal y como informó el rector del Estudio salmantino, Ricardo Rivero, tras el Consejo de Gobierno del mes de abril.
Sin embargo, aunque tanto el resultado contable como el superávit son dos parámetros muy positivos para la institución académica, el vicerrector de Economía, Javier González Benito, explicó que para tener un reflejo del grado de sostenibilidad del modelo financiero deben observarse los excedentes generados en el ejercicio de 2018.
Y en el mismo, el vicerrector concretó que el remanente genérico de la Universidad de Salamanca ha disminuido en un millón de euros aproximadamente. Una “cantidad pequeña” que se ha utilizado para equilibrar las cuentas y que ha servido para permitir al Estudio salmantino “poner en marcha políticas expansivas”.
Esas cifras son el incremento en gasto en los capítulos de personal e inversiones reales, el refuerzo de la plantilla la plantilla (tanto docente e investigadora como de administración y servicios), especialmente en los que respecta a contratación de investigadores, y la compra de grandes equipamientos científicos y mejora de las infraestructuras, recuperando en medida de lo posible “el deterioro acumulado en los años de crisis” y retornar a los niveles previos a la misma.
Por ello, y como prosiguió el vicerrector de Economía, “si queremos seguir con una expansión exagerada, todo pasa por un aumento de los ingresos”, y ha puesto de manifiesto la infrafinanciación que recibe la Universidad de Salamanca por parte de la Junta de Castilla y León, especialmente este año cuando los presupuestos prorrogados de la Comunidad han hecho que no se aumente el capítulo de ingresos de la USAL.
“Los próximos años podrían ser peores si la Junta no reforma de una vez la financiación de las universidades”, ha continuado Javier González, quien lamenta que si no se corrige ese apartado se podrían limitar las políticas de expansión previstas, especialmente para los años 2020 y 2021.
Eso sí, el rector de la Universidad sí aclaró que el Estudio salmantino seguirá invirtiendo, al menos, al mismo ritmo, aunque también insistió en que “es de justicia la mejora de la financiación”, especialmente porque la USAL es la única universidad pública del territorio castellano y leonés que crece en número de estudiantes “y la financiación no crece de manera paralela”.
Por ello, confió en que los nuevos responsables del próximo Gobierno Regional se planteen esa mejora y permitan una gestión económica sostenible “de una Universidad que está generando retornos a la sociedad”.
Dicho compromiso, como recordó Ricardo Rivero, estaba asumido por parte de este consejero de Educación, Fernando Rey, si bien no continuará en su cargo tras las próximas elecciones autonómicas. Así, ese compromiso “tendrá que revalidarse o asumirse” por parte del próximo Gobierno de Castilla y León, una posición compartida por las cuatro universidades públicas de la región.
Eso sí, la de Salamanca es la universidad que más lastrada se ve ya que, como reflejó el rector, “los recursos de la Junta en relación al número de estudiantes nos sitúa en una posición de menor financiación que el resto de universidades, que siguen perdiendo alumnos”. Algo que no hace la USAL, que lucha “frente a la adversidad geográfica y la competencia”, y para seguir creciendo “necesitamos más profesorado, más apoyo a la investigación y más inversión en infraestructuras”.
“La Universidad presta un servicio público y su financiación principal debe ser pública”
Ricardo Rivero también reiteró que los presupuestos de 2020 y 2021 serán “expansivos y de crecimiento” para recuperar los mejores datos cuantitativos y cualitativos de la Universidad de Salamanca y así continuar mejorando la capacidad actual de atracción de estudiantes y de proyectos de investigación. Pero para ello se debe tener la capacidad de recuperar la plantilla de PDI y PAS y mejorar las infraestructuras, “todo en paralelo”.
Así, sobre la posibilidad de que sean empresas privadas las que financien parte de los gastos del Estudio salmantino, el rector recordó que se colabora y se sigue colaborando con empresas en la transferencia del conocimiento, sobre todo a raíz del VIII Centenario (cuyos beneficios fiscales siguen vigentes hasta abril del 2020), pero aclaró que “la Universidad presta un servicio público y su financiación principal debe ser pública”.
Es más, explicó que los acuerdos con empresas pueden ser proyectos concretos, “pero los gastos de personal e infraestructuras deben ser financiados públicamente” ya que se trata de una institución autonómica.
Eso mismo opinó el vicerrector de Economía, quien tampoco descartó ninguna fuente de ingresos (recalcando que están intentando potenciar “cualquier fuente de ingresos alternativa a la transferencia de la Junta”) pero repitió la idea de que “los salarios de las personas no pueden depender de esas contingencias externas”, y pidió que la Junta financie el 100% del Capítulo 1.
Tal financiación (de personal) permitiría poner en marcha “las políticas de rejuvenecimiento y reposición de la plantilla”, que requieren 8 millones de euros “para poder tener una situación no cómoda pero sostenible”. Una petición que Javier González no calificó de barbaridad ya que “no son cifras imposibles, puesto que son el 3% del conjunto del presupuesto de la Universidad”.
El nuevo Plan de Estudios de Medicina, pospuesto un mes
Otro de los aspectos que se trató en el Consejo de Gobierno fue el nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Medicina y Odontología, cuya aprobación se ha pospuesto un mes a petición tanto de la Delegación de Estudiantes como del Decanato, según explicó el rector, quien agradeció a todos que estén trabajando “de forma concienzuda” en la elaboración de un nuevo esquema de horarios y así propiciar la compatibilidad.
Porque, como dijo Ricardo Rivero, “no basta con decir que se puede matricular, sino que los y las estudiantes deben poder asistir a las diferentes clases sin que se produzca un solapamiento”. Un cuadrante de asignaturas en el que se está trabajando y que se había vuelto un “problema complejo” que no se podía resolver de manera sencilla, sino que “era necesario un esfuerzo como el que se está realizando”.
Ese esfuerzo, que está teniendo lugar por parte de todos y para el que la USAL “no escatimará recursos”, permitirá que los futuros médicos y médicas se formen de manera excelente como hasta ahora y que, además, tengan la posibilidad de preparar el MIR en el sexto curso “en unas condiciones adecuadas” y no estén perjudicados respecto a otras universidades públicas.
Servicio de Auditoría y Control Interno, bajo control del Consejo Social
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó el cambio en la dependencia funcional del Servicio de Auditoría y Control Interno, que pasa de estar bajo la supervisión directa del Rector a depender del Consejo Social. Este cambio se alinea con las directrices del Consejo de Cuentas, que ha venido reiterando la necesidad de que dicho órgano dependa del Consejo Social para que este pueda disponer de un instrumento que le permita desarrollar las funciones de control y seguimiento presupuestarios previstas en la legislación vigente.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la modificación del manual de Control Interno para adaptarlo a la nueva situación. La dependencia funcional del Consejo Social no supone cambios en la situación laboral de los miembros del Servicio de Auditoría y Control Interno, ni en su relación de puestos de trabajo del Servicio de Auditoría.
Finalmente, el Consejo de Gobierno lamentó el fallecimiento del catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Salamanca Eugenio García Zarza.
