El Decreto ley emitido a finales del pasado año por el Gobierno no ha hecho más que suscitar polémica. Pese a que de momento pocos son los estudiantes que se han pronunciado al respecto (siendo así los más prudentes, puesto que a la ley le debería seguir una normativa aún no desarrollada), varias son las voces que han querido manifestar su aprobación o discordia.
Si los rectores (a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) mostraban su rechazo y hablaban de la necesidad de llegar a un acuerdo para contentar a todas las partes (Gobierno, universidades, empresas y estudiantes), los sindicatos opinaban que, más allá de los beneficios que puedan tener a la hora de cotizar las prácticas a la Seguridad Social (como más ingresos a los fondos y un mayor tiempo trabajado para las personas), esta norma será “una herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los abusos y el fraude existente”.
Así lo explicaba Jóvenes CCOO (la delegación de juventud del sindicato), quienes también recordaban que este decreto no sólo afecta a las universidades, sino a todos los centro de formación o instituciones que contarán con estudiantes (de grado, posgrado o formación profesional) como becarios.
A su juicio, esta normativa ha sido promulgada “como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales “, con la que ya lograron que los estudiantes que sí recibían algún tipo de remuneración por sus prácticas fuesen dados de alta en la Seguridad Social (si bien esta era bonificada al 100% siempre y cuando fuesen prácticas curriculares).
El problema por aquel entonces era que a muchos jóvenes se les impedía completar carreras de cotización si retrasaban su incorporación al mercado de trabajo para prolongar su periodo formativo, algo solucionado.
Sin embargo, quienes desarrollando también prácticas no laborales no recibían ninguna contraprestación económica “siguen sin poder cotizar por ninguno de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen General” algo que se solucionaría gracias a este Decreto-ley, explican.
“Se situará en el mapa a la totalidad de los becarios” con un coste inferior a 40 euros mensuales
Eso sí, para Jóvenes CCOO lo fundamental de la medida es que esta “situará en el mapa a la totalidad de los llamados becarios”, puesto que, con independencia de si reciben algún tipo de compensación económica o no, todas aquellas personas que desarrollen unas prácticas asociadas a sus estudios deberán ser dados de alta en la Seguridad Social.
Por tanto, eso permitirá saber cuántos son y en qué empresas, instituciones o universidades se encuentran, lo que facilitará a las diferentes Administraciones Públicas “y a los sindicatos detectar con más sencillez una realidad en muchos casos fraudulenta”, puesto que las prácticas en bastantes ocasiones “encubren lo que deberían ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del Estatuto de los Trabajadores”.
Sobre las alegaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, quienes hablaban de una disminución previsible y relevante de la oferta de prácticas curriculares, desde los sindicatos reflejan que estas son inaceptables a ser el coste menor a 40 euros mensuales (si bien desde el SIPPE de la USAL creen que serán 60 euros por persona y mes).
Una herramienta útil, pero insuficiente para combatir el fraude
Por último, insisten en que Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones sindicales y sociales, “un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude”.
Por una parte, a través de la creación de un ‘Estatuto del Becario’ que asegurase una formación de calidad a todos aquellos que deban desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario académico. Esto se conseguiría, además de logrando unas prácticas “adecuadamente reglamentadas”, con una buena tutorización y con ayudas económicas.
Por otra, creen que es necesario suprimir las prácticas extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del estudiante) “transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos los derechos asociados a una relación laboral”.
