Antes de su puesta en marcha, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, explicaba públicamente el nuevo sistema que entró en vigor el 1 de julio de 2012. En este sentido, detalló la aplicación del Real Decreto 16/2012 en materia de aportación de los usuarios para la obtención de productos farmacéuticos dispensados en la oficina de farmacia a través de receta oficial, una de las nuevas medidas desarrolladas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Esta nueva modalidad de aportación incorporaba criterios de progresividad en función del nivel de renta de los ciudadanos de forma que se suprimía la de algunos colectivos como los parados sin subsidio y se incrementaba para otros en proporción a sus niveles de renta. Se superaba así una vieja división de los ciudadanos en activos y pensionistas para vincular su aportación a su capacidad económica.
Recetas
Las recetas emitidas e impresas por los sistemas de prescripción electrónica incorporaron en la parte superior derecha el nivel de aportación que correspondía a cada usuario. Para hacer esto posible, se desarrolló una nueva versión de la historia clínica electrónica que permitía incorporar esta información en las recetas impresas tanto en los centros de salud como en aquellos hospitales donde estuviera implantado el módulo de prescripción electrónica.
En Castilla y León, el porcentaje de pensionistas (con pensiones contributivas y no contributivas) que aportarían menos de 8 euros mensuales se cifró en el 86%; el porcentaje fue del 83,6% en las pensiones contributivas, y la cifra alcanzaba el 92% en el caso de aquellos que pagarían menos de 13 euros cada mes; asimismo, el 96% de los pensionistas no llegarían a los 18 euros mensuales. Para el caso de los pensionistas que superaran los límites máximos mensuales de su aportación, estaba previsto hacer un reintegro de gastos de forma automatizada.
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