Más de 7.500 profesionales de los cerca de 29.000 que en estos momentos trabajan en el Servicio de Salud de Castilla y León abandonarán Sacyl en los próximos nueve años con la implantación obligatoria de la jubilación a los 65. En concreto, las cifras que maneja la Consejería son de 7.450 trabajadores con categoría de personal estatutario y 117 de funcionario o personal laboral, según los datos a los que ha tenido acceso Ical.

La medida, que previsiblemente se aprobará en noviembre y entrará en vigor este mismo año, busca reordenar los recursos humanos, bajo el compromiso de que exista reposición con profesionales más jóvenes que ahora cuentan con contratos temporales para cubrir bajas, descansos o guardias. No obstante, esto no quita que haya ajustes en algunos servicios que se encuentren sobredimensionados y que en otros, donde fuera necesario, se ofrezca al facultativo un contrato a tiempo parcial como medida transitoria. En todo caso, desde Sanidad precisaron a Ical que el plan hay que verlo como una “reordenación de recursos, que en ningún momento pondrá en riesgo el sistema y la atención”.

A tenor del Estatuto básico del empleado público y de la Ley del Estatuto jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, un médico puede prorrogar su actividad profesional a partir de los 65 años y hasta los 70, siempre y cuando demuestre que tiene capacidad para ejercer la profesión y cuando los planes de ordenación de recursos humanos contemplen esta necesidad. A partir de ahora, el escenario cambia con el Plan de Prolongación en el Servicio Activo que aplicará Sacyl con el punto de mira puesto en el año 2020.

Aplicación progresiva

Respecto al personal funcionario y laboral, con una normativa específica, la previsión es que se modifique la Ley de la Función Pública para aplicarle en materia de jubilación y prolongación del servicio el mismo régimen que al personal estatutario.

Pese a que el objetivo es firme, los responsables de Sacyl serán flexibles y autorizarán de manera excepcional la prolongación siempre que existan necesidades organizativas y asistenciales por carecer de sustitutos, y cuando se trate de personal sanitario muy cualificado cuya permanencia resulte de interés por razones asistenciales para los centros.
 

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