Un 80% de los usuarios considera que la tarifa de su suministro domiciliario de agua es cara o muy cara, frente a sólo el 3% que la considera barata o muy barata. Por su parte, el 14% estima que el coste al que le facturan el agua es justo. Son algunos de los datos que se desprenden de la última encuesta realizada por Facua-Consumidores en Acción para conocer el grado de satisfacción de los consumidores con el suministro domiciliario de agua y de conocimiento de sus derechos.

La asociación reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar y fijar las tarifas y que éstas formen parte de los consejos de administración de las empresas gestoras.

Otros de los datos obtenidos reflejan cómo el 94% de los usuarios desconoce sus derechos en caso de sufrir un corte temporal del suministro domiciliario de agua. El 42% ni siquiera fue informado de la última interrupción del servicio por parte de su empresa abastecedora.

Por eso, Facua continúa demandando una norma marco de mínimos que regule aspectos ligados a la calidad o continuidad del servicio, tales como las indemnizaciones que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

El 62% de los encuestados considera que la factura no se entiende fácilmente. De hecho, el 38% de los encuestados desconoce qué conceptos les están cobrando por el suministro. Al respecto, Facua indica que en algunas facturas pueden aparecer cánones o recargos autonómicos que repercuten en los consumidores con carácter finalista, habitualmente con el objetivo de sufragar obras de abastecimiento, saneamiento o depuración.

Reivindicaciones

Además de lo expuesto, la asociación considera que deben quedar recogidos en un marco legal de aplicación a todos los usuarios de este servicio público conceptos como las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma  que clarificase el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible. La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

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