El pasado 24 de marzo se presentó ante el Registro General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la demanda del investigador e historiador Policarpo Sánchez, formulando un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del conseller de Cultura de 10 de enero de 2014, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto en relación a la devolución de documentos y efectos al Archivo General de la Guerra Civil, situado en Salamanca, que fueron en su día llevados a Cataluña de forma errónea. El Tribunal ha admitido esta demanda.

“No fue posible otra salida: el Gobierno regional de Cataluña está en rebeldía contra el Estado de Derecho y se burla del ordenamiento jurídico español. Fundamento la demanda en el estricto cumplimiento de la Ley 21/2005 y de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, referidas al Archivo de Salamanca. Para cumplir la Ley no es necesario un requerimiento judicial, todos estamos obligados a cumplirla, y cómo no, las Administraciones Públicas. Pero la Generalitat se niega. Por ello, la presentación de la demanda”, explica Policarpo Sánchez.

El investigador solicita a la jueza que la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña. “La Ley ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos. De nada sirven las excusas del consejero de Cultura catalán, que, en su Resolución, avala los errores por la intervención de la Comisión Mixta Gobierno – Generalitat. El Juez depurará responsabilidades”, añade.

También pedirá al Tribunal la devolución de todos los documentos que la Generalitat no ha restituido a sus legítimos propietarios. “Esta documentación se reclama por varias razones: bien por haber transcurrido el plazo previsto para su restitución, y que pone fin al procedimiento creado por la propia Generalidad de Cataluña (Decreto 183/2008, de 9 de Septiembre), bien por haberse cometido irregularidades en su entrega, tales como haber otorgado su titularidad a personas o entidades que nada tienen que ver con sus legítimos propietarios o sus sucesores. No solo es culpable la Generalitat, sino quien se ha prestado como colaborador necesario para que el Archivo Nacional de Cataluña engrosase sus estanterías con lo que no le pertenece. Solicitaré al Juez que depure responsabilidades”, argumenta Policarpo Sánchez.

Y recuerda que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse, “se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal. Es especialmente relevante la declaración de intenciones que nos hace al respecto por escrito el consejero de Cultura catalán: aboga por soluciones alternativas y no contempladas en la Ley, tales como su custodia o depósito físico “en lugares diversos”. Es decir, está reconociendo que no acata la Sentencia del Tribunal y pide un pacto para quedarse con el Patrimonio Histórico Español. No admitiremos ninguna solución que no pase por el estricto cumplimiento de la Ley y acatamiento de lo dictado por el Tribunal Constitucional”, argumenta Policarpo Sánchez.

Digitalización de archivos

Solicitará, asimismo, al Juez el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente. “Además de establecerse en la Ley, la digitalización de los documentos fue un requisito exigido en todas y cada una de las Órdenes Ministeriales que autorizaron las salidas de documentos, y tampoco se ha cumplido”, argumenta.

Respecto a la digitalización de los documentos y efectos enviados, el consejero de Cultura admite la existencia de deficiencias, que definen como “incidencias”, anunciando su subsanación en el futuro, “algo que es un flagrante incumplimiento legal, pues la digitalización y depósito en el Archivo de Salamanca de la copia auténtica fue una exigencia prevista en las Órdenes Ministeriales y, por ello, previa a cualquier traslado. Familias y entidades que han sufrido dolor y pérdidas por la avaricia de la Generalitat de Cataluña han depositado en nosotros su confianza. No les fallaremos. Está en juego su dignidad y, con ellos, la de todos los españoles, que han visto rota nuestra memoria compartida”, concluye Policarpo Sánchez.

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