El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha anunciado que tras el fuerte incremento de las tasas aeroportuarias previsto en los presupuestos de 2012, que alcanza el 50 por ciento en Madrid y Barcelona, las nuevas subidas entre 2013 y 2015 serán de un máximo de cinco puntos porcentuales por encima del IPC (Índice de Precios al Consumo), tal y como recoge la ley.
A este respecto, recordó que el gestor aeroportuario tiene una deuda de 14.000 millones, lo que demuestra, a su entender, que no se han pagado las infraestructuras. "Son los que las utilizan, las aerolíneas y los pasajeros, los que deben hacer frente al pago", apostilló. Reconoció, sin embargo, que "es una pena que las aerolíneas tengan que hacer frente a esta presión" porque cualquier incremento en sus costes, en un mercado con tanta competencia, tiene impacto en su cuenta de resultados.
Asimismo, defendió que pese a las subidas, las tarifas de los aeropuertos españoles se mantienen en niveles competitivos con respecto a las tarifas de sus competidores europeos, ya que siguen estando por debajo de la media. Por otra parte, señaló que en respuesta a la preocupación de las compañías aéreas, Aena "tiene encima de la mesa la posibilidad de flexibilizar o innovar en la tarifación aeroportuaria" con el establecimiento de tasas en función de la hora en que se vuele o de si se trata de vuelos de conexión.
Plan de Viabilidad
Preguntado por el posible cierre de aeropuertos no rentables, explicó que "no son los causantes de los problemas de la compañía" y detalló que los cerca de 20 aeródromos con menos de medio millón de pasajeros anuales perdieron 70 millones de euros en 2011. Por ello, defendió que "no tiene sentido cerrar aeropuertos una vez ya han sido construidos", por lo que explicó que hay que racionalizar los niveles de operación y de prestación de servicios a los niveles de demanda de cada aeropuerto para que cueste lo menos posible teniendo en cuenta que funcionan en red.
En cuanto al impacto en la plantilla de Aena, de unos 13.000 trabajadores, destacó que los asuntos de personal "no son los más relevantes" y apuntó al volumen de negocio subcontratado, que asciende a unos 1.000 millones anuales. Por último, aplazó cualquier proceso privatizador hasta que se haya llevado a cabo este plan de viabilidad y hasta que mejore la situación de los mercados.