Según la Comisión Nacional de la Competencia, estas prácticas consistirían en obstaculizar la actividad de los competidores en el mercado, induciendo a engaño a los clientes en cuanto a los servicios y piezas de recambio que proporcionan los competidores, incitando a los clientes a terminar sus contratos con la intención de eliminar a competidores del mercado, haciendo afirmaciones denigratorias sobre los demás competidores, e incluso amenazando con represalias a las comunidades de propietarios que planean cambiar su contrato de mantenimiento.