La víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Amnistía Internacional denuncia reformas legislativas, prácticas y políticas discriminatorias de las autoridades hacia personas extranjeras porque pueden vulnerar derechos humanos y suponen un paso atrás en la lucha contra el racismo. La actual crisis económica es la excusa que han utilizado las autoridades, como advirtió el Relator Especial de Naciones Unidas sobre racismo, discriminación y xenofobia en su última visita a España de enero de 2013, para emprender un retroceso en relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, haciendo especial mención a migrantes y solicitantes de asilo.
Algunas de estas prácticas discriminatorias persisten desde hace años sin que hayan sido abordadas por las autoridades. ?Es crucial que España convierta en una prioridad la agenda de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia?, aseguró el Relator de Naciones Unidas, propuesta que Amnistía Internacional comparte plenamente y lleva años exigiendo.
Las políticas emprendidas por las autoridades pueden suponer violaciones de derechos humanos -en el caso del acceso a la salud de personas extranjeras, criminalización de la inmigración -persiste y se aprecia en los controles de identidad con sesgo racial y en la detención e internamiento de personas inmigrantes en situación administrativa irregular de forma generalizada-, penalización de la hospitalidad -con la reforma del nuevo Código Penal que incluirá sanciones contra quienes acojan a inmigrantes en situación irregular- y discriminación de minorías étnicas y religiosas en el ámbito del empleo, la vivienda, la educación o incluso en en el ejercicio de su libertad religiosa -se aprecia en las restricciones del uso del hiyab y obstáculos los para la apertura de centros de culto-.
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