El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008. Tras la aprobación a finales de 2007 de la Ley de la Memoria Histórica empezaron a salir a la luz los casos de los niños que fueron arrebatados a sus padres republicanos para ser educados en la ‘afección al régimen’ durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. A estos casos se han sumado cientos de denuncias de desapariciones que se extienden desde la década de los cincuenta hasta los noventa y afecta a personas de todas partes y todas las condiciones sociales y económicas. Padres y madres a los que dijeron que sus hijos habían muerto; padres adoptivos a los que entregaron hijos que supuestamente nadie quería...
En enero de 2011, más de doscientos afectados presentaron una demanda colectiva ante la Fiscalía General del Estado para que iniciara una investigación para identificar a los responsables de una trama dedicada al robo y posterior venta de niño. Los demandantes, ubicados en distintos puntos de la geografía nacional, estaban agrupados en la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir).
En junio de 2011, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, descartó que el conjunto de las desapariciones se pudiera atribuir a "una sola organización", por lo que rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso. La Fiscalía ejerce ahora una labor de coordinación y asesoramiento, pero son las fiscalías provinciales las que desarrollan las investigaciones.
El número de denuncias está en torno a las 1.500. Según la Fiscalía General del Estado, en el último balance disponible, de noviembre de 2011, se habían abierto 1.072 diligencias informativas, 342 diligencias previas y se habían producido 14 exhumaciones. Las asociaciones de afectados calculan que los casos de niños robados y entregados a sus familias con una identidad falsa podrían ascender a 300.000. En Salamanca son ya catorce los casos denunciados.
De momento la primera y única persona imputada por el caso de los 'niños robados' es la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como sor María, a la que María Luisa Torres, madre biológica de Pilar Alcalde, denunció por haberle robado a su hija en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. Dos de los catorce casos salmantinos ya están en proceso de juicio.
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